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El padre de la excandidata del PP de Córdoba que dimitió es un intruso

Rafael Ruiz percibió 58.000 euros de manera ilegal del ERE de la sociedad Cespa

El padre de Cristina Ruiz, la candidata del PP cordobés que dimitió salpicada por el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, es uno de los intrusos detectados por la Junta. Rafael Ruiz percibió supuestamente de manera ilegal 58.000 euros como falso prejubilado, según refleja su declaración policial, al ser incluido en el ERE de la empresa Cespa.

Cristina Ruiz, de 34 años, figuraba como independiente en el puesto 22 de la candidatura de José Antonio Nieto y fue gerente de Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi). En los ERE de dos empresas ligadas a la fundación, Promi Forja y Muebles Promi de Madera, han sido identificados ocho intrusos tras la investigación de la Junta. Ruiz negó estar relacionada con las posibles ilegalidades, pero dimitió al trascender su responsabilidad en Promi.

Cristina Ruiz achaca su dimisión al PSOE y a la sociedad Promi que denunció

Su padre prestó declaración como detenido ante la policía el pasado 22 de marzo acusado de tráfico de influencias y reconoció que es amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero desde hace 14 años. Al quedarse en el paro en 2005 llamó a Guerrero y este le tramitó la documentación para que empezara a percibir una póliza, pese a que nunca trabajó en Cespa. "Una señorita se identificó como la secretaria de Guerrero y me comunicó por teléfono que me pasara por la Consejería de Empleo para firmar unas pólizas a mi nombre (...) El dinero recibido por esta póliza no lo he repartido con nadie", declaró.

Cristina Ruiz envió un fax a Guerrero en noviembre de 2005 agradeciéndole las gestiones para la póliza que posteriormente percibió su padre: "Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre. Aún no sé en qué consistirá. Pero tanto él como yo te lo agradecemos de corazón, salga o no. Eres una bellísima PERSONA, lo supe desde que te conocí, pero además me lo vas confirmando conforme pasa el tiempo".

Ayer la excandidata popular subrayó su sorpresa ante el escándalo que ha provocado su dimisión: "Detrás solo hay un interés por parte de mi exempresa, a la que he denunciado, y el PSOE para tirar tierra encima porque está en campaña electoral y me han cogido de cabeza de turco". Ruiz añadió que conoce a muchos políticos del PSOE porque han gobernado en la Junta, pero que formó parte de la candidatura de Nieto porque "cree en su proyecto para Córdoba y respetaron mi independencia".

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, dijo que Cristina Ruiz no es militante del PP ahora ni lo era cuando se produjeron los hechos en 2006. "Se le fichó como independiente en calidad de experta en discapacitados porque podría ser útil, pero si José Antonio Nieto hubiera sabido esto, seguro que no habría contado con ella", dijo. Oña añadió: "Tenía mucha, mucha amistad con Guerrero, y, a lo mejor, en ese momento Ruiz era socialista, del entorno del PSOE", informa Isabel Pedrote.

La portavoz se refirió también a que Antonio Fernández, cuando era viceconsejero de Empleo, firmó en 2002 una adenda a un convenio para financiar una prejubilación en la Fábrica de San Carlos de San Fernando (Cádiz) de la que se benefició Francisco Sánchez Reyes, concejal del PSOE en este municipio desde 2007. Oña matizó que el PP no sostiene que sea un intruso, lo que quiere demostrar es que no solo Guerrero firmó ERE con cargo al "fondo de reptiles".

Sánchez Reyes aclaró ayer que trabajó en San Carlos entre 1967 y 1999, y que la adenda se realizó de manera individual porque presidió el comité de empresa y como administrador único de una sociedad tenedora del 80% de las acciones. El concejal socialista permaneció durante un año gestionando la liquidación de la empresa, en concurso de acreedores, tras el ERE que afectó a unos 20 trabajadores y que la Junta subvencionó con tres millones. "No estoy preocupado. El PP debió haber estado con nosotros cuando nos dejaron en la calle en 1999", dijo. La adenda se firmó por 188.396 euros y Sánchez Reyes asegura que percibe una jubilación de 580 euros al mes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de abril de 2011