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Reportaje:Elecciones municipales y autonómicas

Ni almacén nuclear ni petróleo

Ciudadanos y partidos se oponen al ATC y a la prospección de hidrocarburos

La candidatura de una pequeña localidad del Valle de Ayora (Valencia) a albergar el cementerio nuclear español sorprendió en enero de 2010 a propios y extraños. La decisión de Zarra de optar al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos levantó de inmediato la protesta de las poblaciones vecinas, que ya conviven con la única central nuclear en territorio valenciano, y de los ecologistas y partidos de izquierda, que defienden también el cierre de la planta de Cofrentes. Más de un año después, la alerta por la grave crisis en las instalaciones de Fukushima, descontroladas tras el terremoto y el tsunami que sufrió Japón el 10 de marzo, ha acabado de situar en primer plano el debate en torno a la energía nuclear. Pero más en la calle que en la agenda política, de la que el asunto entra y sale al calor de polémicas puntuales.

El Consell tardó meses en rechazar la construcción del cementerio nuclear

La crisis de Japón complica la decisión del Gobierno, según los ecologistas

La Generalitat respondió con frialdad al anuncio de Zarra y se escudó en la autonomía municipal de decidir para sortear un pronunciamiento claro sobre el ATC, pese a que el grupo parlamentario del PP lo había rechazado en las Cortes en 2006 a propuesta del entonces diputado de Els Verds Carles Arnal, cuando aún no se había abierto el proceso de candidaturas. El PSPV, en cambio, se declaró desde el principio contrario al proyecto en Zarra, que supondría una inversión de 900 millones de euros y 350 empleos directos. También expresaron su rechazo Esquerra Unida y Compromís.

La oposición al almacén nuclear se unió pronto en una plataforma muy activa que se vio espoleada por la indefinición del PP, al que exigió en vano un rechazo rotundo durante meses de manifestaciones, marchas desde Ayora, y hasta roturas de carnés de militancia y una acampada ante el Palau de la Generalitat. Ni siquiera el intento fallido del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de aprobar en septiembre del año pasado en un Consejo de Ministros la opción de Zarra -la mejor puntuada en un informe que discute la plataforma- arrancó del Consell una declaración definitiva, más a allá de una grandilocuente queja del consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, de que el Gobierno pretende quitarle a los valencianos el agua y dejarle los residuos nucleares.

El no del presidente del Consell, Francisco Camps, llegó en diciembre de 2010, cuando visitó por sorpresa Ayora para calmar los ánimos de la militancia del valle. "Costó que el PP se opusiera al ATC", recuerda José Cerdá, portavoz de la plataforma, que aglutina a vecinos y Ayuntamientos que rechazan el almacén, pero no necesariamente la central de Cofrentes, y gente que quiere un valle sin instalaciones nucleares de ningún tipo.

En cambio, no hubo dudas en el Consell el pasado diciembre, cuando se embaló hacia una nueva colisión con el Gobierno a cuenta de otra fuente de energía, el petróleo. Con la aprobación por Industria de permisos de prospección de hidrocarburos en una amplia zona frente a la costa de Valencia, el PP desató una intensa campaña contra el Ejecutivo, al que acusó una vez más de agraviar y perjudicar a los valencianos. Coincidiendo en el rechazo, pero no en la forma, se pronunciaron contra la búsqueda de petróleo en el mar los ecologistas y Ayuntamientos de todos los colores políticos. También los partidos de izquierda, entre ellos el PSPV, que ha restado viento a las velas populares al no hacer frente común con el Gobierno en este punto.

La repulsa a las futuras (y aún hipotéticas) torres petrolíferas está en la recámara popular para ser disparada durante la campaña electoral de mayo, pero la polémica se ha calmado en las últimas semanas.

Mientras, el futuro del ATC prácticamente ha desaparecido del discurso de los partidos mayoritarios con la crisis nuclear de Fukushima. La cautela se impuso en las declaraciones de PP y PSPV cuando Industria renovó por 10 años el permiso de funcionamiento de Cofrentes. El ministerio lo anunció 10 días después de la aprobación y en plena alerta por los sucesos de Japón se apresuró a destacar que la seguridad de la central se revisará.

El debate, con renovados argumentos, se ha desplazado a la calle, donde la plataforma por el cierre de Cofrentes, integrada por las principales organizaciones ecologistas, ha redoblado la presión y logró el 10 de abril reunir en una protesta en Valencia a miles de personas. "Hacía muchos años que no se hacía una manifestación así por el tema nuclear", destaca Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción. "Con el caso de Japón se ha abierto una perspectiva nueva. No es lo mismo que un accidente sea improbable a que sea imposible", argumenta Arribas, convencido de que Fukushima "ha dejado la verdad al desnudo" y ha movido el cambio en la perspectiva ciudadana sobre la energía nuclear.

También ha complicado al Gobierno la decisión sobre el ATC, opinan ecologistas y la plataforma del Valle de Ayora, que recuerdan que la zona de Cofrentes fue declarada zona catastrófica con la riada del Júcar en 1982, y que hay riesgo sísmico. Por ello, la plataforma se manifestará de nuevo hoy ante el ministerio y la Moncloa para que no se apruebe el ATC en Zarra, cuyo alcalde, Juan José Rubio (independiente), mantiene la candidatura.

De momento, ni el almacén nuclear ni los sondeos petrolíferos puntúan para ser asuntos centrales en la campaña del 22 de mayo. Salvo para arrear al contrario.

La crisis anima al ahorro energético

La crisis económica ha animado a muchos Ayuntamientos a reducir la factura de la electricidad, sea con bombillas de bajo consumo o apagando farolas, como es el caso de Valencia. Pero también hay iniciativas que van más allá en el afán (y necesidad) del ahorro. El pasado noviembre, los Ayuntamientos valencianos de L'Eliana, Paterna y San Antonio de Benagéber firmaron un convenio con el Instituto Tecnológico de la Energía para que les asesore en la mejora de sus rendimientos energéticos, la reducción del consumo y de las emisiones de CO2.

Para ello crearán una empresa de servicios conjuntos que implantará las medidas en las tres poblaciones. Además, los alcaldes pretenden construir una planta de biomasa capaz de canalizar las 25.000 toneladas de residuos verdes que generan las localidades y convertirlos en energía para autoconsumo.

El acuerdo de actuación conjunta cuenta con el respaldo de la Agencia Valenciana de la Energía, que invierte anualmente unos seis millones de euros en ayudas al fomento de renovables y el año pasado y en este ejercicio destina más de 23 millones a investigación, planes y ayudas de eficiencia energética.

La Generalitat ha impulsado también el frente de las energías limpias con un plan eólico, aunque su polémica ejecución ha acabado en los tribunales. Ahora, el accidente nuclear de Japón, que se ha situado al nivel del desastre de Chernóbil, ayudará a dar impulso a las energías renovables, según creen los ecologistas. Falta hará si la Comunidad Valenciana pretende reducir su dependencia del petróleo, que acapara el 40,9% del consumo frente al 4,3% de las renovables. El consumo de gas alcanza el 31,6% y la energía nuclear supone el 18,7%, mientras que otro 4,6% de electricidad se importa de otras zonas de España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de abril de 2011

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