El cambio de la ley de Cajas nace con críticas de sindicatos y oposición

Aunque ya se conocían lo contenidos básicos, la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto de la reforma de la ley de Cajas -que adapta la norma andaluza al cambio del sistema financiero que hizo el Gobierno central en julio de 2010- suscitó ayer fuertes críticas de la oposición y los sindicatos. Todos se quejan de que no han sido consultados y denuncian la falta de consenso previo, si bien el decreto se tramitará como proyecto de ley y será sometido al debate y enmiendas de la Cámara autónoma. El consejero de Economía, Antonio Ávila, se defendió con un contraataque: recordó que hace nueve meses que invitó a PP e IU a remitirle sus propuestas, oferta que reiteró dos veces más, sin obtener respuesta alguna.

El decreto refuerza el papel de las asambleas de las cajas, que deberán aprobar por dos tercios la inclusión en nuevos SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías, y de la Junta de Andalucía, que tendrá que autorizar los nuevos SIP y la transformación de una caja en fundación. Asimismo, se limitan los sueldos de los directivos, que no podrán cobrar más que el presidente de la Junta (68.891 euros al año), y se establece la obligación de invertir en obra social a las cajas que no tengan domicilio social en Andalucía en función de su actividad.Las críticas airadas de la oposición por no haber sido escuchados provocaron una respuesta contundente de Antonio Ávila. "Me causó sorpresa que el Jueves Santo, un día tan señalado, me encontrara con una mentira del PP". Ávila se refería a unas declaraciones del secretario general de los populares, Antonio Sanz, asegurando que no había sido llamado por el consejero ni se había reunido con él. Según relató ayer el titular de Economía -quien dijo que se veía obligado a desvelar la "intrahistoria"-, el 11 de este mes, lunes, telefoneó a Sanz, con el que se citó el día 14 en el Parlamento. "Nos reunimos en mi despacho y le trasladé el contenido de la normativa prevista. Desde entonces estamos esperando las sugerencias".

El consejero también mencionó los días exactos en los que había llamado al consenso y al diálogo en la propia Cámara -la primera vez, el 22 de julio de 2010-, en el convencimiento de la importancia de contar con el apoyo de la oposición. "Pero para que haya un acuerdo entre dos, los dos tienen que querer", puntualizó. Izquierda Unida, agregó, también ha tenido conocimiento del "grueso" de la información. "En resumen, nueve meses sin una sola propuesta de PP e IU".

Javier Arenas, sin embargo, habló de "sectarismos" de la Junta por no consensuar la reforma, y limitarse "a un par de llamadas". Ávila recordó que habrá un debate parlamentario, donde, en cualquier caso, PP e IU deberán especificar su postura.

Pero los sindicatos se han quejado de lo mismo. El secretario general de CC OO, Francisco Carbonero, dijo: "Es la primera vez que se habla de cajas en Andalucía en la que el Gobierno no ha tenido ni siquiera la delicadeza de pedirnos opinión a quienes formamos parte no solo de la concertación, sino que estamos sentados en los consejos de administración de esas cajas". Su homólogo en UGT, Manuel Pastrana, vino a decir lo mismo, y aseguró que solo conocen el decreto "por referencias externas y no porque se haya abierto un proceso de diálogo". Añadió que intentarán participar en la tramitación parlamentaria.

La reforma, sin embargo, potencia la presencia de los trabajadores en los órganos de Gobierno de las cajas a través del 15% de representación que se otorga al "grupo de empleados". Asimismo, los representantes sindicales participarán en la dirección de las cajas a través del grupo de "otras organizaciones", cuya representación será del 18% o del 15%, en el caso de que existan entidades fundadoras de carácter público. El límite mínimo a este grupo que otorga la reforma estatal es del 5%.