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COLUMNA

Sepulcros blanqueados

La palabra sonó bíblica en el salón de plenos del Parlamento andaluz: Fariseo. En vísperas de Semana Santa y en un recinto que fue iglesia desde hace casi cinco siglos, el presidente Griñán parecía un predicador al enjuiciar la ética política de su adversario, Javier Arenas.

"Su estrategia política", le espetó a Arenas, "es el testimonio de su maldad y su fariseísmo". Griñán denunciaba la doble moral que preside hoy la acción política del PP. No hay más que echar un vistazo a los últimos acontecimientos.

Durante semanas, el PP ha reclamado la presencia de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación de los ERE. "Nadie sabe dónde está", protestaba Arenas el 15 de febrero. Pues bien, aquel fiscal justiciero que tanto reclamaba el PP se incorporó a finales de marzo a la causa que instruye la juez Alaya. Dos semanas después, el mismo Arenas denunciaba que ese fiscal "tiene que estar al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia y no al servicio del Gobierno autonómico".

La razón de ese ataque es sencilla: el nuevo fiscal se opone a que la juez analice todas las actas del Consejo de Gobierno porque considera que tienen carácter reservado y la instructora se excede en sus competencias. Es decir, apoya las tesis de los servicios jurídicos de la Junta. Conclusión de Arenas: el fiscal "no hace un buen servicio al crédito de la Administración de Justicia". El buen servicio solo se presta cuando coincide con sus intereses.

Veamos las conexiones de la trama Gürtel en Andalucía. En las últimas semanas, han aparecido revelaciones del sumario que afectan a destacados dirigentes del PP en esta comunidad. En una agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama, aparece el nombre del diputado popular Ricardo Tarno junto a la anotación: "Tema pendiente, 36.697 euros + IVA".

En otro informe se dice que el PP de Andalucía debe a Rialgreen, una empresa de la trama, 125.700 euros por trabajos en la campaña electoral de 2004. Por último, consta la contratación de empresas Gürtel, por un importe de 350.000 euros, para organizar la presencia de Jerez en Fitur 2004, de la que se hace responsable a la entonces alcaldesa popular de Jerez, María José García Pelayo, y hoy vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz.

Amén de las referencias que hay a las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, envió a Javier Arenas reclamando su intervención como secretario general del PP nacional para el pago de unas facturas que adeudaban a la trama en Galicia, o la imputación del exconcejal popular en Estepona Ricardo Galeote.

Pues bien, el PP no solo no da explicaciones sino que despliega una batería de querellas contra los líderes socialistas que las solicitan: Mario Jiménez (portavoz parlamentario), Rosa Torres (portavoz del PSOE) y Susana Díez (secretaria de Organización).

Mientras, piden la dimisión del vicepresidente Manuel Chaves en el Congreso por unos supuestos negocios ilícitos de su hijo Iván de los que no hay ni una línea en los juzgados, salvo el anuncio de querella del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

Para qué seguir. Mientras Iván Chaves es tachado de vulgar comisionista que hace dudosos negocios con la Junta, el suegro de Arenas, Manuel Olivencia, que cobró justamente 119.828 euros por asesorar a la Junta en Santana Motor, es un respetable abogado que dirige un prestigioso bufete. Y seguro que lo es. Igual que, mientras no se demuestre lo contrario, Iván Chaves es un honrado economista que se gana la vida asesorando a empresas.

Metidos en Semana Santa, aquella bíblica palabra pronunciada por Griñán me recordó las palabras de Mateo (23:27-32) en sus recriminaciones a escribas y fariseos: sois sepulcros blanqueados que cuelan un mosquito y se tragan un camello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de abril de 2011