El Gobierno y los sindicatos apuran las negociaciones del plan de empleo oculto

Devoto confeso como es del diálogo social, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, apura estos días las negociaciones con sindicatos y empresarios para pactar el plan del Gobierno para aflorar empleo sumergido. De hecho, ayer mismo el Gobierno se comprometió con los agentes sociales a enviarles un nuevo borrador del plan que recogiera algunas de sus reivindicaciones, según apuntan fuentes de la negociación, tras el rechazo de estos al primer texto. El mismo ministro admitió en declaraciones a RNE que estaban en conversaciones y adelantó: "Si alcanzáramos un acuerdo con un grado de madurez suficiente, lo llevaríamos al Consejo de Ministros del miércoles".

Trabajo tenía la intención de aprobar este plan tras el acuerdo de reforma de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, pero tras el nuevo retraso se ha visto obligado a cambiar el paso.

El primer borrador remitido por el Gobierno a los sindicatos establece un periodo hasta el 30 de junio para que empresarios y trabajadores regularicen la situación. En ese periodo, la intención del ministerio es dar facilidades a los primeros para que paguen la deuda con la Administración. Pasado ese tiempo, las sanciones se endurecerán.

Por ejemplo, un empresario que sea sancionado perderá derecho a beneficiarse de cualquier tipo de ayuda o bonificación desde el mismo día en que cometió la infracción. Y, además, será excluido de estos beneficios durante los dos años siguientes.

Este texto inicial también contempla que los trabajadores que sean dados de alta durante este proceso solo podrán ver reconocidos un año de forma retroactiva para tener derecho a prestaciones futuras (paro, pensiones...). Precisamente, este es uno de los puntos que pueden cambiar con la nueva redacción, según fuentes de la negociación.

No es este el único capítulo que puede cambiar. También puede hacerlo el de sanciones por exigencias de la patronal. Otro de los cambios que recoge el borrador es que, cuando una empresa contrate o subcontrate los servicios de otra, tendrá que responsabilizarse de que los trabajadores de esta última están en una situación regular. Además, tendrán que responder "solidariamente de las infracciones".