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Tribuna:Economía global

Fondo de rescate para las autonomías

Algunas comunidades autónomas están encontrando serias dificultades de acceso al crédito, en gran medida como consecuencia de que muchas de ellas han rebasado el techo de déficit permitido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Prueba de ello, la Generalitat de Cataluña fracasó la semana pasada en su intento de colocar a inversores 300 millones de euros en bonos a dos años.

Las comunidades autónomas compiten no solamente entre sí, sino con el resto del sector público español (Tesoro, corporaciones locales, ICO, FROB, FADE) y las propias entidades financieras españolas. En suma, las necesidades de financiación del sector público español para 2011 suponen cerca de 200.000 millones de euros, lo que equivale al 19% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas prevén un volumen de ingresos financieros de aproximadamente 25.000 millones (15% del total de ingresos), de los cuales 5.700 millones irán a amortizar deuda, y 4.000 millones, a sufragar gastos financieros.

Se trata de una solución temporal. En el medio plazo es irrenunciable un recorte del gasto social

Paradójicamente, mientras el Tesoro español está captando financiación en los mercados sin demasiados sobresaltos, el mercado para emisiones de deuda pública autonómica continúa prácticamente cerrado desde abril de 2010. Desde entonces, las autonomías han recurrido a colocaciones privadas a inversores individuales en cuantías reducidas, a la financiación bancaria vía préstamos sindicados o, en el peor de los casos, a bonos patrióticos. Existe, por tanto, una restricción financiera significativa para las regiones.

En algunos casos, las dificultades de acceso a la financiación podrán superarse mediante una estrategia de comunicación y marketing con inversores, donde se destaquen las fortalezas económico-financieras y macroeconómicas de la región en cuestión, así como mediante un importante ejercicio de transparencia sobre gestión financiera y presupuestaria. Pero es difícil, no obstante, que solo con la estrategia de diferenciación y transparencia nuestro sistema de financiación autonómica pueda captar todos los recursos que necesita en los próximos años. La restricción financiera será mayor en función del volumen -absoluto y relativo- de las necesidades de financiación, la apelación al crédito en el pasado -saturación de mercados-, la capacidad de generar ahorro bruto positivo, la estructura, nivel y coste de la deuda, el calendario de amortizaciones o las previsiones macro.

Llegado el peor de los escenarios, con el riesgo de mermar la confianza en la economía española, tendríamos que contar con un plan B, en forma de solución cooperativa. ¿Qué puede hacer el Gobierno central para mitigar los efectos perniciosos para la economía española derivados de una restricción crediticia prolongada en el tiempo en el ámbito autonómico? En nuestra opinión, podría plantearse como solución la constitución de un Fondo de Estabilización Financiera que permitiera financiar en condiciones de mercado los déficits autorizados. El fondo podría comprar directamente las mismas, apoyar con préstamos o avalar emisiones. Como hace el FROB, el fondo de rescate estaría constituido por aportaciones del Tesoro y podría financiarse en los mercados de capitales.

El fondo de rescate debería contar con una capacidad inicial de respaldo de 55.000 millones (el 5% del PIB), que supone el volumen de endeudamiento nuevo y las amortizaciones previstas para el periodo 2011-2013, en base a la senda de consolidación fiscal marcada por el Ministerio de Economía. Dicho apoyo financiero debería tener un carácter temporal, por ejemplo para emisiones o vencimientos de deuda hasta 2013. El apoyo debería estar condicionado al cumplimiento de un plan de reequilibrio bajo un exhaustivo control presupuestario, máxima transparencia y un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Como el objetivo debe ser facilitar el acceso al crédito, y en ningún caso subvencionar las condiciones de financiación, las condiciones financieras ofertadas por el fondo deberán tener un recargo sobre el precio de mercado.

Pero no nos engañemos, se trata de una solución parcial y temporal. En el medio plazo se hace irrenunciable una reducción sin precedentes del coste de mantenimiento y funcionamiento de las grandes políticas de gasto, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

César Miralles es director del área de servicio público de Intermoney.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de abril de 2011