El Gobierno ultima un código y una comisión de vigilancia anticorrupción

El lehendakari, Patxi López, anuncio ayer en sede parlamentaria que su Gobierno aprobará en breve un código ético de comportamiento en el ejercicio de la función pública que obligará a sus miembros y a todos los altos cargos. El texto está prácticamente cerrado, según precisaron fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS, y el Consejo de Gobierno adoptará el acuerdo formal en una de sus primeras reuniones tras Semana Santa.

El Ejecutivo se comprometió a aprobar este código en la relación de proyectos legislativos y planes que presentó hace un año y con él pretende atajar el descrédito de la clase política en un momento en que los escándalos se extienden tanto en Euskadi como en el conjunto de España. La novedad que el lehendakari aportó fue desvelar que se creará una "comisión de vigilancia" del cumplimiento del código, cuya composición no precisó.

El 'lehendakari' acusa al PP de recortar el Estado de bienestar donde gobierna

Los populares plantean a López que no tire "piedras" a quien le sostiene

López aprovechó para hacer su anuncio una pregunta realizada durante la sesión de control del Parlamento por la parlamentaria de su grupo Miren Gallastegui sobre los planes del Gobierno para evitar actuaciones "cuando menos denunciables políticamente", como las que han salpicado al tripartito de Ibarretxe. Gallastegui mencionó en concreto los casos De Miguel, Margüello, Zubiaurre o Epsilon.

El lehendakari puso por delante el recurso y la colaboración con los tribunales cuando existen indicios de delito y el acatamiento posterior a sus decisiones, una posición que pidió al todos los partidos. López mencionó entre las herramientas de lucha contra la corrupción, en la medida en que atajan "el oscurantismo", las iniciativas de información abierta que ha adoptado el Ejecutivo recientemente. Entre ellas citó el registro de empresas a adjudicatarias de la Aadministración, en el que cualquier persona puede consultar qué empresas y con qué facturaciones trabajan para ella.

López enumeró los principios de honestidad, transparencia, participación, responsabilidad y voluntad de servicio público como guías de ese código, cuyo cumplimiento evaluará anualmente el Departamento de Justicia y Administración Pública.

Con su aplicación busca un Gobierno "alejado de la corrupción, del fraude, la arbitrariedad, el despilfarro y la ineficacia", sostuvo, y abierto a "la participación ciudadana la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley". El lehendakari citó como un ejemplo adelantado de lo que será esa normativa para toda la Administración pública el código de buen gobierno que ya ha puesto en marcha Sanidad.

Por otra parte, el lehendakari mantuvo durante el pleno de control un intercambio de desacuerdos con el PP, cuyo portavoz, Leopoldo Barreda, habñia descalificado las medidas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Barreda le reprochó su "bipolaridad" de lehendakari que pacta con el PP medidas económicas y critica las propuestas o intenciones de recortes neoliberales de esa formación como dirigente socialista. El portavoz popualr le pidió que "no tire piedras" contra quien le permite mantener sus políticas en Euskadi e ironizó con "los apoyos ingentes" de Zapatero o "de estos señores", señalando a la bancada del PNV.

Barreda afirmó que los únicos recortes los ha realizado "Zapatero con el apoyo del PNV" y pidió al lehendakari que los criticase, al tiempo que reclamó para su partido el mérito de haberlos limitado en Euskadi.

El lehendakari derivó sus críticas al PP nacional y a su actitud de rechazo a todas las medidas adoptadas por el Gobierno socialista "las mismas que están tomando otros países europeos". López recordó a Barreda que el presidente del PP, Mariano Rajoy, tuvo que reconocer esta semana a la canciller Angela Merkel que los pasos que no apoyó con su voto en el Congreso. Asimismo, mantuvo la acusación a los populares de recortar el Estado de bienestar "allí donde gobiernan" y señaló que las medidas adoptadas en el Reino Unido por David Cameron, que Rajoy alabó, costarían en España 60.000 millones de recorte en lugar de 27.000, la eliminación de rentas de emancipación y becas, de deducciones por hijos y ayudas a la dependencia o a quienes agotan el desempleo; el despido de 250.000 funcionarios o una subida del 245% en las matrículas universitarias.

El lehendakari sostuvo también su afirmación con el dato de que en 2004, con el Gobierno de José María Aznar en época de bonanza económica "sOlo el 60% por ciento de los desempleados recibía prestaciones, mientras ahora las tiene el 75%".