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Camps se aferra a un último recurso para evitar el juicio

La Sala Civil y Penal resolverá en pocos días la apelación

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano vio ayer los últimos recursos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de su exvicepresidente Víctor Campos en la causa de los trajes, la supuesta aceptación de regalos realizados por la trama Gürtel, en la que ambos están imputados por cohecho impropio junto a Ricardo Costa y Rafael Betoret.

Las defensas pidieron al juez instructor José Flors la declaración testifical de Cándido Herrero, presunto miembro de la red corrupta; y la incorporación a la causa de todas las grabaciones que figuran en el grueso del caso Gürtel que investiga el Tribunal Superior de Justicia Madrid (TSJM). El juez desestimó ambas peticiones y los acusados apelaron a la sala, que resolverá en pocos días. Fuentes jurídicas consideraron improbable que los recursos logren frenar la marcha del procedimiento.

El juez instructor solo espera el resultado de las apelaciones y de las dos inhibiciones acordadas por el TSJM en favor del órgano valenciano (en las que figuran otros seis delitos de corrupción que implicarían a las cúpulas regionales del PP y del Gobierno) para celebrar la audiencia preliminar, tras la cual decidirá si envía o no a Camps al banquillo de los acusados. Todos esos asuntos, señalan las mismas fuentes, deberían haberse resuelto entre la semana que viene y la siguiente.

Buena parte de los recursos presentados por Camps y el resto de imputados desde que empezó la instrucción, en 2009, han tenido finalidad dilatoria, como reprochó de forma contenida el juez al convocar la audiencia preliminar: "La sucesiva interposición de recursos y el planteamiento de cuestiones a decidir por la sala puede dar lugar, y aquí se ha dado, a una singular situación que impida el regular desarrollo del procedimiento según fue previsto en la Ley especial que lo regula y que obligue a atemperar su curso".

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, que espera fecha de juicio por supuesta prevaricación al autorizar obras en el entorno protegido de los Jardines de Monforte sin el informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat, negó ayer que su inclusión en la lista autonómica del PP suponga "burlar a la justicia", informa Cristina Vázquez. La única diferencia, dijo, es que en vez de un juzgado ordinario le juzgará el tribunal superior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de abril de 2011