Los pequeños proveedores exigen cobrar y rechazan las buenas palabras de Sanidad

La plataforma de proveedores de la Sanidad pública valenciana rechazó el lunes la "declaración formal de buenas intenciones" que les transmitió la Consejería de Sanidad el 5 de abril y exigió "una solución concreta y explícita" a los impagos de 2011.

La organización que congrega a una treintena de pequeños proveedores que suministran productos de uso diario en hospitales y centros de salud apuntaron a través de un comunicado: "No podemos seguir suministrando sin tener idea de qué y cuándo vamos a cobrar. Nosotros no podemos soportar a nuestras espaldas el crédito que necesita la Generalitat".

La nota lamenta la vaguedad de las propuestas planteadas por Eloy Jiménez, director general de Recursos Económicos de Sanidad, quien aseguró que propondrá un expediente para reducir el número de proveedores afectados por impagos en 2009 y 2010; que en "los próximos meses" presentará una operación similar a las acordadas en 2004 y 2008 para vender a entidades financieras las facturas pendientes de pago; o que "estudia todas las opciones disponibles para ampliar la operación financiera de compra de facturas de 2011".

Los proveedores asumen que las deudas acumuladas en años anteriores exigen una salida negociada con entidades financieras, pero subrayan que "si no se soluciona al mismo tiempo que podamos cobrar lo que estamos suministrando este 2011, el esfuerzo económico no servirá para nada". Amplían sus exigencias a las consejerías de Bienestar Social y Justicia. Y sentencian: "A día de hoy, los bancos que tienen concertado crédito para cubrir el confirming tienen todo el riesgo cubierto, y Hacienda no puede dar el visto bueno para que se paguen las facturas de 2011 que ya están contabilizadas. O sea, seguimos sin cobrar".Las dificultades para hacer frente a los compromisos de pago se extienden como una mancha de aceite a distintas parcelas de la política social de la Generalitat. En Sanidad, además de los proveedores, también las farmacias se encuentran ante una difícil situación debido al impago de la Administración autonómica.

Ayer se celebró una reunión extraordinaria en el Colegio de Farmacia de Valencia -un colectivo que no se caracteriza por su combatividad contra el Consell- con el único fin de analizar una situación que fuentes del sector calificaron de excepcionalmente delicada. No es nuevo que Sanidad tarde en pagar la facturación de las recetas que subvenciona la Seguridad Social. Pero esta circunstancia suele darse a final de año, cuando las arcas públicas no dan más de sí, no a principios del ejercicio, como es el caso.

Sanidad debe 126 millones de euros de gasto de farmacia del mes de febrero, para el que formalmente existe un mes de plazo de pago y que aún no se ha liquidado transcurridos casi mes y medio. Al final se acordó suscribir una póliza de crédito con el Banco de Valencia cuyos interesas cargarán a la Generalitat, según informaron fuentes que asistieron a la reunión.

Incumplimiento

Otro de los sectores que ayer levantó la voz fue el de atención a personas con enfermedad mental. La Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental de Alcoy (Afiem) denunció el incumplimiento del pago de las subvenciones correspondientes a este año por parte de la Generalitat: "Lamentablemente, y como viene siendo ya habitual, nos encontramos con la incertidumbre de poder continuar prestando los servicios y centros que deberían ser subvencionados de forma adecuada por el Gobierno valenciano y que como en estos últimos años no se realiza".

Estas entidades asumen la asistencia a personas con enfermedad mental con subvenciones públicas. Si los pagos se retrasan, como es el caso, son las propias entidades quienes han de correr con los gastos, siempre que puedan adelantar los fondos. Afiem indicó ayer que no pueden hacerlo "pues ya son tres años seguidos que han agotado nuestros recursos económicos". La Federación de Asociaciones de Enfermos Mentales (Feafes) indicó que esta situación es extensiva a todas las entidades. A otra organización, la Fundación Mira'm, que atiende a niños autistas, la Generalitat le debe 260.000 euros.