"El fraude a la verdad"

Desde que hace 69 días trascendió la declaración ante la policía judicial del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sobre la existencia de un "fondo de reptiles" -frase de la que luego se desdijo- para pagar con dinero de la Junta de Andalucía prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis, el PP no ha hecho distinciones entre los pagos realizados con este fondo.

"La trama siempre va en la misma dirección y los actores tienen un nexo: un partido político y el poder actual en Andalucía", dijo el presidente del PP, Javier Arenas. "El PP utiliza el dinero de los parados en Andalucía para pagar a sus amigos", abundó Esteban González Pons. "Hay que impedir que se robe el dinero de los parados", dijo Antonio Sanz en el pleno pasado, "y no para que se lo lleven algunos, se beneficien familiares, o chanchullos (sic), que se beneficien alcaldes o dirigentes del partido socialista".

El diario de sesiones del Parlamento autónomo de los tres últimos plenos está plagado de declaraciones de los diputados del PP de este mismo tenor. "Que yo sepa, Olivencia no es amiguete de los socialistas", dijo ayer el secretario de Política Territorial y número cuatro de la ejecutiva federal del PSOE, Gaspar Zarrías.

Ayer el PP andaluz, por boca de su secretario general, Antonio Sanz, cambió de registro, una vez que este periódico publicó que el bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, percibió 119.828 euros por asesorar en 2001 a la empresa pública Santana Motor para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba. Ese trabajo se abonó con cargo a la partida presupuestaria 31L -a la que el PP llama "fondo de reptiles"-, según la información enviada por la Junta de Andalucía al juzgado que investiga el caso.

La partida 31L sirvió no solo para pagar prejubilaciones, sino también para dar ayudas a empresas, a Ayuntamientos o instituciones y era un cajón de sastre que utilizaba la Consejería de Empleo, que hacía los pagos a través del IFA (en la actualidad la agencia Idea).

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, dijo ayer que ese despacho de abogados "forma parte de los bufetes o asesores que se contrataron con cargo a la partida 31L" y a renglón seguido defendió la legalidad de los pagos. "El que lo cuestiona es Arenas, que lo descalifica en su conjunto. Es el PP el que está descalificando el conjunto de estas partidas, aunque un familiar muy directo de Arenas se haya podido beneficiar de las mismas", resaltó.

Antonio Sanz acusó ayer sin pruebas de que la factura del bufete del suegro de Arenas fue "manipulada" para que "aparezca vinculada a la partida 31L". "El PP considera un escándalo que un contrato, una factura y una orden de pago que se hace únicamente con el IFA, de manera sospechosa y entendemos que manipulada intencionadamente, aparezcan vinculadas al programa 31L de la Junta", dijo Sanz, informa Efe.

El despacho de Olivencia emitió una nota en la que afirma que "desconoce con cargo a qué concreta partida fue realizado el pago, por no ser cuestión de su incumbencia o competencia". Arenas no quiso ayer hablar del caso de los ERE y se remitió al comunicado que emitió el bufete de Olivencia.

Los socialistas criticaron con dureza la estrategia seguida por el PP de Arenas en el escándalo de los ERE, aun calificando este caso de "lamentable" en el que "han podido participar cargos públicos" de la Junta, dijo la también portavoz del Gobierno.

Moreno acusó a Arenas de cometer "un fraude a la verdad" y preferir el "atajo de las mentiras y las medias verdades, porque es incapaz de hacer política de verdad". Y añadió: "La mentira es otra forma de corrupción".

La consejera de la Presidencia hizo estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno donde se le preguntó además del caso de los ERE, por la actividad profesional del hijo de Manuel Chaves.