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Elecciones municipales y autonómicas

Camps logra el apoyo electoral de los restos de Unión Valenciana

El presidente sobrevuela Benicolet tras anular su agenda oficial por la hernia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció ayer a bombo y platillo el apoyo de Unión Valenciana al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Camps eligió la ermita de Sant Jordi, situada cerca del monasterio de El Puig, para dar solemnidad a un acuerdo de escasa relevancia política.

El presidente de Unión Valenciana, José Manuel Miralles, compareció junto a Camps para anunciar que los restos de su formación política no presentará candidaturas propias y pedirá el voto para el PP en los próximos comicios.

Unión Valenciana ya no presentó candidaturas propias en las elecciones generales de 2008. En las municipales y autonómicas de 2007, las últimas en las que concurrió, logró 22.000 votos; mientras que en los comicios al Parlamento Europeo de 2009 solo logró 4.398 votos.

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Con su decisión, Miralles y la actual dirección de Unión Valenciana -que aglutina a unos 400 militantes según el propio partido regionalista- sigue el mismo sendero que recorrieron en su día buena parte de los antiguos correligionarios. Ayer, al acto celebrado en El Puig, acudieron representantes de distintos estratos regionalistas integrados en el PP, como la concejal de Valencia Mariàngels Ramon-Llin o el senador José María Chiquillo, que ya ha renunciado a defender el uso del valenciano en la Cámara territorial del Estado.

Pese a ello, Camps presentó el acuerdo con Unión Valenciana como "un día histórico". Tanto que el candidato del PP a la reelección puso el acuerdo de ejemplo para que se integren en el PP proyectos regionalistas de otras partes de España.

"Unión Valenciana está dando ejemplo para todos los partidos regionalistas de otras partes de España", prosiguió Camps, que insistió en que defender la autonomía a través de un partido de ámbito nacional tiene "más fuerza y proyección".

Camps se hizo arropar en el acto por todo el Consell, los altos cargos de Unión Valenciana que dejaron el regionalismo para pasar al PP con cargo público, y representantes de colectivos relacionados con las fiestas y las tradiciones populares, como los colombicultores, el Tribunal de las Aguas o los paranyers.

Para sellar el acuerdo, Camps y Miralles anunciaron un intercambio de banderines, como hacían antes los capitanes de los equipos de fútbol.

El jefe del Consell anunció que si vuelve a ganar creará en el monasterio de Santa María de La Valldigna un centro de referencia de la cultura valenciana. Y Miralles prometió que Unión Valenciana donará a la Generalitat la senyera que cubrió el féretro de Vicente Blasco Ibáñez para que se restaure y recorra las calles en la procesión cívica del 9 d'Octubre.

Lo sorprendente es que el presidente de Unión Valenciana ya intentó donar su senyera al Ayuntamiento de Valencia hace dos años y la alcaldesa Rita Barberá, también presente ayer en el acto, nunca le contestó.

El apoyo de Unión Valenciana se produce también después de las gruesas descalificaciones lanzadas a lo largo de los años entre quienes hacían su tránsito al PP, en una sangría imparable, y quienes se aferraban a los restos del naufragio.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, cuya actividad se ve afectada por los dolores de espalda que le causa una hernia discal desde hace semanas, sobrevoló ayer por la tarde en helicóptero -antes del acto electoral de El Puig- las zonas de monte quemadas en el incendio de Benicolet. Un fuego que ha arrasado alrededor de 1.500 hectáreas y que ya se ha dado por extinguido.

Por la mañana, Camps anuló la audiencia que tenía prevista en el Palau de la Generalitat con los responsables de la Unió de Llauradors i Ramaders a causa de su dolencia y delegó el encuentro en la consejera de Agricultura, Mari Tina Hernández.

Hoy el presidente de la Generalitat tiene previsto reducir al mínimo su actividad. El PP valenciano confía en poder celebrar mañana miércoles un acto para presentar sus candidaturas autonómicas, ya ratificadas por Génova y que incluyen a varios cargos relacionados con escándalos de corrupción.

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