La Xunta admite que UU AA no desvió fondos

El Gobierno gallego evita hablar ya de financiación ilegal del PSdeG y del fraude de subvenciones en Unións Agrarias (UU AA), dos delitos que la cúpula del PP denunció el pasado mes de junio y cuya repercusión en la prensa llevaron a la Xunta a abrir una investigación que implicó a tres consellerías. Nueve meses después, el diario La Voz de Galicia, uno de los medios que dio carta de naturaleza a la trama corrupta denunciada por el PP, publicó el resultado de esa investigación que el Gobierno dijo haber suspendido cuando se judicializó este caso.

Las conclusiones de esos informes ya no aluden a los delitos de financiación ilegal o malversación de fondos públicos. Se limitan a computar supuestas irregularidades laborales en 13 entes que recibieron ayudas para contratar desempleados. Si el PP, capitaneado por su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y su secretario general, Alfonso Rueda, aseguraron tener "pruebas documentales" de que "el PSOE sacó 640.000 euros por la puerta de atrás de la Xunta para pagar campañas electorales", los informes de la Xunta citan presuntas irregularidades laborales para anunciar que Traballo estudia pedir la devolución de 220.000 euros a las 13 asociaciones que denunció el PP.

Carteles irregulares

Descartadas las graves imputaciones lanzadas por Miranda y Rueda, la mayoría de las prácticas que señala el informe de la Xunta ni siquiera pueden considerarse irregularidades administrativas, puesto que no figuraban como requisitos en la orden que regía las subvenciones. Los inspectores de Traballo y Presidencia señalan como presunta anomalía que algunos empleados no trabajasen en la sede del ente que solicitaba la subvención, cuando las bases no lo exigían, tal como reconoció ante la juez el director general de Promoción do Emprego, Andrés Hermida Trastoy. El informe de la Xunta cita además que varias personas fueron contratadas de forma recurrente a través de distintas asociaciones, algo que tampoco prohibía la orden de Traballo.

La investigación de la Xunta concluye que la señalización a través de carteles de las ayudas era deficiente, una irregularidad que, según declaró el director general de Promoción do Emprego ante la juez que investiga un presunto devío de poder por parte de la Xunta por la forma de llevar a cabo su investigación, se repetía en las primeras visitas realizadas a las entidades vinculadas a UU AA.