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Tribuna:

¿Fallan las leyes o nuestra cultura laboral?

En los últimos meses una de las escasas noticias positivas que nos han dado la economía y la industria española son los acuerdos alcanzados en casi todas las plantas nacionales de producción de automóviles, que garantizan su viabilidad a corto y medio plazo. Las plantas españolas están entre las más productivas del mundo, su conexión con las redes de transporte europeas está altamente desarrollada y el sector auxiliar del que tanto dependen tiene una enorme competitividad. Sin embargo, en una coyuntura como la actual, con las ventas de coches en España históricamente bajas y escasas perspectivas de crecimiento, y un sector industrial en constante proceso de deslocalización, estos no parecen argumentos suficientes para justificar la relativa tranquilidad que han alcanzado.

La rigidez de nuestro mercado laboral es insostenible

Hay que aprovechar la reforma de la negociación colectiva

El elemento clave ha sido sin duda alguna el entendimiento entre los sindicatos, las administraciones y los directivos de estos centros de producción, que desde hace mucho tiempo no solo han comprendido que la flexibilidad laboral es la clave del sector, sino también que en estos momentos compiten con los sindicatos, los Gobiernos y las plantas de otros países. Es decir, que los intereses de la empresa y de los trabajadores en España están unidos y no en contraposición. Han hecho falta muchos años y muchas negociaciones para que todas las partes llegasen a esta conclusión, pero ahora se puede decir que ese cambio en su cultura está siendo una garantía para el futuro de miles de trabajadores.

La automoción es un ejemplo de flexibilidad laboral en España y de capacidad de consenso. Pero también es, prácticamente, una excepción. Hay muchas empresas que, con la crisis, han llegado a acuerdos similares, pero en líneas generales, en muy pocos sectores se da esta situación. No hay cultura a este respecto y, consecuentemente, no hay interés en aplicar la normativa como exige nuestra competitividad.

Si en España existiera una cultura verdaderamente innovadora y orientada hacia la competitividad no haría falta modificar el marco laboral. El ejemplo más claro lo tenemos en Alemania. Allí la patronal y los sindicatos están acostumbrados a introducir la productividad en la negociación de los convenios, estableciendo unos rangos de salarios mínimos o máximos en función de ella. En cada sector o subsector establecen sin problemas los elementos que definen esta productividad. En España, en cuanto se habla de este tema enseguida surgen multitud de preguntas que a casi todas las partes implicadas se les antoja imposible de contestar: ¿qué parámetros usamos?, ¿qué concepto de productividad utilizamos, ¿quién la mide? ¿por personas o departamentos? ¿la referencia será el EBITDA? ¿o será el nivel de satisfacción del cliente? ¿no sería mejor el dividendo o el número de unidades producidas? ¿dónde metemos la calidad? Efectivamente, con el IPC todo es más sencillo.

Falta cultura, y por eso hay que cambiar las leyes. Lo ideal sería no tener que introducir nuevos cambios, pero la realidad nos está indicando que la rigidez de nuestro mercado laboral es insostenible. Por eso es prioritario aprovechar la reforma de la negociación colectiva para completar con éxito la reforma laboral iniciada en verano. Hay que dar libertad a las empresas para negociar con sus comités de empresa fuera de sus convenios sectoriales, establecer que cada empresa o sector tenga en cuenta la productividad a la hora de fijar su política salarial con los criterios que estime oportunos, garantizar que a los parados se les dé la formación que necesitarán en su nuevo empleo y facilitar al máximo la movilidad laboral que requiere una economía cada vez más internacionalizada.

España debe competir con un marco laboral acorde con sus necesidades y su situación económica. Con ello no solo estará dando un paso importante para cambiar la cultura de los españoles a este respecto, orientándola más al esfuerzo y a la productividad, sino que también estará lanzando un mensaje de confianza a la inversión. Sin ella, sin inversión, no habrá ni empleo ni recuperación.

Javier Quintana es director general del Instituto de la Empresa Familiar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de abril de 2011