Jerónimo Arozamena, primer vicepresidente del Constitucional

Jerónimo Arozamena Sierra, que este jueves ha fallecido en Madrid a lo 87 años, pertenece a la categoría de juristas íntegros y capaces que contribuyeron, durante la Transición, a convertir España en un Estado de derecho precisamente en una de la zonas más contaminadas por el franquismo: el poder judicial.

Arozamena, natural de Reinosa (Cantabria), ingresó en la carrera judicial en 1952, a los 26 años, y perteneció a la primera promoción de magistrados de lo contencioso-administrativo. En 1974, a los 50 años, fue promovido a magistrado de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Propició la legalización del PCE, sin que se le ocurriera establecer sospechas o atender conjeturas contra los comunistas, odiados por los jueces y por los militares, mayoritariamente franquistas.

Firmó como ponente la primera sentencia del alto tribunal

Contribuyó a que los jueces dejaran de aplicar la legislación franquista

Al crearse en 1977 la Audiencia Nacional fue nombrado presidente de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. Una vez aprobada la Constitución y ante la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC), fue uno de los primeros magistrados reclutados por centristas y socialistas, en aquellos tiempos en que los dos grandes partidos buscaban juristas de calidad, aptos para interpretar la Constitución democrática, no bloques cerrados de juristas clientes de uno u otro partido, como se hace ahora.

En 1980 fue designado magistrado del Constitucional -firmó como ponente la primera sentencia que emitió el tribunal- y meses después ocuparía la vicepresidencia del TC, formando tándem con el gran presidente Manuel García Pelayo hasta 1986. Contribuyó a la tarea de imponer la aplicación de la Constitución a los jueces, muchos de los cuales pretendían seguir aplicando la legislación franquista.

Cuando se cuestionó ante el TC la Ley del Aborto, a Jerónimo Arozamena no le tembló el pulso para mantener en su voto particular, frente a la mayoría que objetó la inicial ley y obligó al legislador a rehacerla, que el aborto es un "tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático", sin que considerara que el artículo 15 de la Constitución fuera un obstáculo, ya que la protección del derecho a la vida había que entenderla vinculada a las personas. Tampoco tuvo dudas el magistrado Arozamena para votar a favor de la expropiación de Rumasa.

Frustrado candidato al Consejo General del Poder Judicial, perteneció a la comisión de codificación y al Consejo de Estado, institución presidida por su antiguo compañero en el TC Francisco Rubio Llorente, hasta que en junio de 2009 cesó a petición propia como consejero permanente de Estado. Gran administrativista, es autor de varias publicaciones sobre urbanismo.

Con la muerte de Arozamena se pierde un hombre inteligente, perspicaz, con un gran sentido del humor, sin alardes de progresismo, pero con convicciones jurídicas muy firmes en favor del imperio del derecho y de la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos.