Catoira para una fábrica de asfalto sin aval ambiental

El parque empresarial de Abalo, en Catoira, está prácticamente desierto. La crisis frenó el desarrollo de una infraestructura financiada en parte con fondos europeos y cuyas farolas, aceras y plazas de aparcamiento perfectamente delimitadas rodean parcelas vacías. "Estaban todas medio vendidas, pero con la crisis no se firmaron los contratos", lamenta el alcalde del municipio, Alberto García (PSOE). En el entorno del polígono hay una docena de residencias particulares cuyos vecinos aprovechaban últimamente el acceso bien asfaltado y escasamente transitado a la zona. Pero a principios de marzo la situación cambió. El trajín de las máquinas empezó a molestar a algunos de los lugareños. Una empresa había empezado a levantar una fábrica de aglomerado de asfalto y, cuando fueron a preguntar al ayuntamiento, descubrieron que la obra, pendiente de la evaluación ambiental, tampoco tiene aún licencia.

El regidor se mostraba tolerante por las expectativas de empleo

La crisis ha dejado vacías las parcelas del prometedor parque industrial

"No creemos que ese sea sitio para una planta de ese tipo", se queja Paloma Suárez de Centi, cuya casa está situada a unos 250 metros del parque empresarial. Critica lo que considera "ocultismo" por parte de los responsables municipales, que no les informaron de que ya estaba abierto el trámite de información pública de la obra en el ayuntamiento. El alcalde no se esconde, y reconoce que los trabajos empezaron a hacerse pese a que la empresa aun no tiene los permisos en regla. "Si vamos por el papel, no deberían haber empezado; tendrían que haber esperado a que terminase la exposición pública y se les diese la licencia", admite. Pero en la empresa Marco, Obras y Proyectos querían ir adelantando el trabajo, y los camiones empezaron a llegar. En torno a un mes después, el montaje de la planta ya está muy avanzado. Según Suárez, como Catoira es un municipio pequeño, el trámite de incidencia ambiental que regula un decreto de 2008 lo tiene que realizar la Xunta, y solo tras este aval se puede otorgar la licencia.

Pero en épocas de tímida actividad empresarial, el alcalde optó por no poner en peligro la obra y se ciñó al habitual ti vai facendo. "El empresario hizo lo que hace todo el mundo", se justifica, y avisa: "Los que protestan flaco favor le hacen a Catoira; estamos muy mal de empleo, a ver si recapacitamos", razona. Según sus cálculos, la obra dará trabajo a 20 personas, a las que se sumarán unas 60 o 70 de una fábrica conservera que también planea establecerse en el parque empresarial.

El regidor asegura que la planta cumple las ordenanzas municipales, tras adaptar un primer proyecto a las exigencias de la normativa local. Como además está en suelo industrial, entiende que el permiso solo es cuestión de tiempo. Y dice temer que las quejas vecinales pueden llevar a que otros empresarios se lo piensen antes de instalarse en el polígono. Asegura, no obstante, que "visto que iban a protestar", dio orden de paralizar los trabajos.

Pese a ello, el martes a media tarde un camión cisterna llenaba un depósito de combustible en la parcela, y los vecinos insisten en que el tráfico de vehículos pesados continúa. "Yo no estoy de vigilante, pero sé que se paralizó", insiste García.

Suárez aduce que, además del decreto, se incumple la Lei de Protección Ambiental de Galicia, que tipifica como infracción grave empezar obras sin licencia, y cree, por otra parte, que el Ayuntamiento debería estar encima de la cuestión y no obligarla a ella a leerse la normativa para comprobar si se cumplen o no los requisitos legales.

El alcalde asegura, además, que detrás de las protestas está la labor de la oposición. "Estos son cuatro del Bloque que se quejan", apunta. El PSOE gobierna en Catoira con la mayoría absoluta de seis ediles, por cuatro del BNG y uno del PP. Suárez le responde acusándole de "desfachatez", e insiste en que cuando empezaron los ruidos, 70 vecinos firmaron una instancia en la que pedían información a la corporación. "Yo vivo allí y si algún día quiero vender la casa, nadie me la va a comprar al lado de una fábrica de asfalto". Para evitarlo, ya avisa de que a las alegaciones al proyecto unirá probablemente una denuncia ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y otra ante la fiscalía.