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El Gobierno licita 6.000 millones para que el AVE llegue en 2015

Feijóo aparca su beligerancia contra el Gobierno y alaba la cooperación institucional

Con ocho días de dilación sobre el último plazo previsto, el Gobierno aprobó ayer la "mayor licitación de la historia": 6.000 millones de euros con financiación público-privada, repartidos en diez contratos para unir Galicia y la Meseta a través de 417 kilómetros de AVE. El ministro de Fomento, José Blanco, llegó a comprometer su cargo si el macroproyecto se demoraba más allá del primer trimestre de 2011. La semana de retraso se la perdonó incluso el PP y la propia Xunta, que ayer dio la bienvenida a los hechos, tras un sinfín de anuncios, ante la excepcional licitación, que divide los trabajos en dos tramos: el que unirá las localidades de Olmedo en Valladolid y Pedralba de la Pradería (Zamora) y el que enlaza esta última población con Santiago de Compostela.

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Lejos de dimitir, Blanco se paseó ayer triunfante en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, Miguel Cortizo, en A Coruña, donde se jactó de "haber concretado el mayor impulso que ha recibido nunca Galicia". "Nos permitirá cumplir lo acordado en el Pacto del Obradoiro, de que habrá conexión por alta velocidad con Madrid a finales de 2015"

El contrato del Ministerio de Fomento incluye además de la construcción de la infraestructura, el mantenimiento de las vías y la financiación de parte de las inversiones. Todo, para que, por fin, el tren rápido llegue a Galicia en 2015, 23 años y seis gobiernos después de que Andalucía y Madrid estrenasen la primera línea de AVE coincidiendo con la inauguración de la Expo de Sevilla.

Tras la aprobación de ayer por el Consejo de Ministros, Adif, el gestor de las infraestructuras, licitará la ejecución del montaje de la vía y su correspondiente mantinimiento, "así como la de las instalaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones y gestión del tráfico ferroviario de la línea y su conservación", explica Fomento en el comunicado. Esa factura correrá a cargo de la fórmula mixta de colaboración público-privada.

Las obras de la plataforma que todavía no se han ejecutado en el tramo entre Lubián y Ourense se adjudicarán a través de un concurso público convencional. Así que si esta vez se cumpliese el calendario oficial, a finales de 2015 el trayecto entre Santiago y Madrid se cubrirá en dos horas y media, con 30 minutos de ahorro sobre el previsto inicialmente. Sería el final de un proyecto que la Xunta empezó a reclamar tan pronto como estuvieron listas las autovías con la Meseta, a finales de los noventa.

Muy lejos quedarán aquellos cálculos del Plan Galicia que el ex presidente del Gobierno José María Aznar anunció tras la catástrofe del Prestige, según los cuales el AVE estaría finalizado en 2009. E incluso las primeras cuentas del Gobierno de Zapatero con Magdalena Álvarez al frente del departamento de infraestructuras, que fijaban el fin de las obras en 2012.

La aprobación en el Consejo de Ministros de esta inversión de 6.000 millones sirvió para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considerase en vigor el Pacto do Obradoiro que firmó con Blanco en julio de 2009, a los pocos meses de su llegada al ministerio. Feijóo olvidó por un día su habitual beligerancia con el Gobierno de Zapatero y equiparó la cooperación entre Administraciones con "los barcos que llegan a este puerto herculino, que aunque con tripulantes de distinta procedencia, trabajan juntos". "Podemos movilizar juntos la cooperación y las esperanzas de nuestra gente. Después de 20 meses, el Pacto do Obradoiro es el reflejo de eso, sigue vigente", afirmó.

La decisión del Gobierno fue saludada con júbilo por los socialistas, cuyo portavoz de infraestructuras en el Parlamento, Pablo López Vidal, celebró "el día histórico" que supone el avance "de la obra más importante de los últimos siglos en la historia de la comunidad". El BNG optó por ver el vaso medio vacío y advirtió sobre la "incertidumbre" que introduce el modelo de financiación mixto elegido por Fomento. que incluye fondos públicos y privados. El portavoz del Bloque en el Congreso, Francisco Jorquera, asegura que esa fórmula incrementa las dudas sobre el plazo de finalización de la infraestructura. Jorquera lamentó además que el único beneficiado por el sistema de pago "serán las concesionarias que cobrarán un canon durante décadas".

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