Huelga de hambre de un vigués para evitar el derribo de su casa

Un vecino de la parroquia viguesa de Teis inició ayer una huelga de hambre ante el edificio del ayuntamiento, en Praza do Rei, para pedir el "indulto" al juez que ordenó en una sentencia la demolición de parte de su casa por la realización de una obra sin licencia urbanística. Eduardo Fernández, que cobra una pensión de invalidez de poco más de 500 euros, vive en esa casa con su mujer, que también tiene una discapacidad, y con sus dos hijos de seis y 11 años, y reconoce que construyó "una planta más" en su vivienda "para convertirla en una casa digna, porque era una chabola", según declaró a Europa Press.

Hace unos cinco años terminó esos trabajos y fue entonces cuando una vecina, que además es su tía, le denunció ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. El pleito acabó con una sentencia de demolición y, pese a los recursos, Eduardo no ha logrado que se dé marcha atrás en esa orden de derribo, por lo que ha iniciado esta huelga para pedir "solidaridad". Algunos vecinos del propio barrio ya se la han expresado, censurando "la facilidad con que se tramitan los derribos de la gente más necesitada mientras que no se ejecutan los de los poderosos".

De hecho, tiene de plazo hasta el 29 de abril a las 9.00 horas, momento en que, si él no lo ha hecho antes, el Ayuntamiento deberá iniciar las obras de demolición. Dichos trabajos deberán ser costeados por este vecino y han sido valorados en casi 11.000 euros, una cantidad que Eduardo Fernández insiste en que no tiene y queda fuera de su alcance.

Este vecino de la calle Gondesende ha reconocido que "la obra es ilegal" y ha pedido "perdón" por haber llevado a cabo la ampliación de su vivienda en altura sin la obligatoria licencia, aunque ha insistido en que esa ampliación tenía como finalidad disponer de una casa con espacio para él y su familia. "Pido el indulto y pido perdón porque me equivoqué, pero también estoy muy orgulloso porque lo que hice fue construir una vivienda digna para mis hijos", ha proclamado.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aclaró ayer mismo que el proceso de derribo parcial de la vivienda "fue ordenado por los juzgados y únicamente un juez tiene la potestad legal de detenerlo". Mariño insistió en que la Gerencia de Urbanismo "acata y acatará" las resoluciones judiciales, al tiempo que manifestó la "solidaridad" del Gobierno municipal con la familia afectada. "En caso de tener que tramitar el derribo", el Ayuntamiento ya está preparando un expediente para realojar a la familia "atendiendo a su grado de discapacidad y a su situación económica".