Andalucía se garantiza el cobro de los cánones y tarifas del Guadalquivir

La Junta se ha garantizado que la sentencia del Tribunal Constitucional que dejó el aire la transferencia de las competencias sobre la cuenca andaluza del Guadalquivir no le afecte, al menos, al bolsillo. La comunidad seguirá recaudando y gestionando los cánones y tarifas, además de mantener los traspasos económicos -120 millones anuales- que recibía del Gobierno desde que asumió en 2009 las competencias sobre el río. Eso sí, esta garantía es de seis meses, el tiempo que se han dado las administraciones central y autónoma para enjaretar la solución definitiva para el Guadalquivir.

"Los ingresos obtenidos por la recaudación de los cánones y tarifas integrantes del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico, sanciones e indemnizaciones corresponderán a la comunidad autónoma, junto con el resto de los medios financieros traspasados", se señala en el convenio que firmaron ayer en Madrid la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Con este convenio, Andalucía seguirá gestionando las competencias sobre el río que se le transfirieron a través del real decreto de 17 de octubre de 2008. Pero la titularidad de esas competencias es de nuevo del Gobierno central, que tendrá que resolver todas las actuaciones administrativas. La Junta será la que se encargue de la tramitación hasta su fase final, según se señala en el convenio, que estará en vigor hasta el 7 de octubre.

El decreto de 2008 salió adelante con el paraguas legal del artículo 51 del Estatuto andaluz. Pero el Constitucional ha anulado ese artículo, con lo que la transferencia se queda también en el aire. Este decreto de transferencias ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por Extremadura y Castilla-La Mancha, por donde también transcurren las aguas de la cuenca del Guadalquivir. Además, una asociación de ingenieros de Caminos ha acudido a este tribunal.

En el acuerdo aprobado ayer ya se contempla la posible anulación del decreto de transferencias: "Mediante adenda al presente convenio se establecerán, si fuera necesario, las consecuencias adicionales que resulten del pronunciamiento del Tribunal Supremo en los recursos contencioso-administrativos interpuestos". Además, se blindan las actuaciones realizadas por la Junta en los dos últimos años: "Los actos y resoluciones dictados, (...) de acuerdo con la doctrina constitucional acerca de las situaciones consolidadas, sea mediante sentencia firme o por actuaciones administrativas firmes, no son susceptibles de ser revisados".

Entre la argumentación que se esgrime en el convenio para defender la encomienda se señala necesidad de "arbitrar con carácter inmediato las medidas de alcance temporal y provisional que garanticen la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público".