Candidatos imputados

Siempre que se aproximan unas elecciones se vuelve a plantear la vieja cuestión de la idoneidad de aquellos candidatos que tienen la condición jurídica de imputados. Y, en lo que atañe concretamente al próximo proceso electoral, dicha cuestión ha cobrado especial trascendencia en Galicia, dado el significativo número de ediles que a lo largo de los últimos meses se han visto involucrados en asuntos penales.

Cuando hablo de idoneidad de los candidatos no me estoy refiriendo, obviamente, al aspecto jurídico, porque a todo ciudadano le asiste el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino al denominado código ético de los partidos, esa especie de autorregulación profesional que debería servir para devolver un mínimo de decencia y dignidad al oficio de la política, singularmente en el ámbito municipal, con relación al cual los ciudadanos tienen la sensación de que algunos ayuntamientos son entes cada vez más parecidos a repúblicas bananeras con plena autonomía para que el grupo dominante haga y deshaga a su antojo. Sirva de ejemplo paradigmático el reciente caso bautizado como Operación Orquesta, que ha llevado al propio presidente Feijóo a efectuar estos días una distinción, un tanto vaga y confusa, entre "determinadas cuestiones que deben excluir a personas de las candidaturas" y otras en las que "no se puede prejuzgar" antes de contar con "una sentencia o un auto suficientemente claro".

Los códigos éticos de los partidos deberían servir para devolver un mínimo de decencia a la política

Estas declaraciones de Feijóo se realizan, sin duda, sobre la base del código ético de su partido, incorporado a sus estatutos, que obliga a sus cargos públicos a "asumir responsabilidades políticas" cuando concurran "indicios racionales de comisión de un delito". Pues bien, a partir de tales premisas (que parecen razonables) creo que hay algo en lo que podemos estar de acuerdo con Feijóo: la mera condición de imputado no debería llevar aparejada automáticamente la inidoneidad política de un candidato, por la sencilla razón de que el hecho de poseer dicha condición en modo alguno comporta todavía la existencia de unos genuinos "indicios racionales de comisión de un delito", ni en el sentido del lenguaje jurídico ni en el del lenguaje ordinario.

De lo contrario, bastaría con que un partido político presentase una querella contra un candidato de un partido rival y que la querella fuese simplemente admitida a trámite por un juez para que ese candidato quedase ya políticamente inhabilitado. Y contamos con un lamentable ejemplo de ello en el caso de la autovía del Barbanza, originado precisamente a raíz de una delirante querella del PP gallego contra altos cargos de la Consellería de Política Territorial del Gobierno bipartito, una querella que mantuvo imputados durante 14 meses a unas personas sin fundamento jurídico alguno y sin acusación de la fiscalía, porque el juez no efectuó un estudio previo sobre la veracidad de los hechos relatados y su calificación jurídica.

Ahora bien, ¿quiere ello decir que para declarar la inidoneidad de un candidato haya que esperar en todo caso hasta que el juez dicte un auto de procesamiento que ponga fin a la fase instructora y se declare la apertura de juicio, como parece dar a entender Feijóo? Creo que la respuesta debe ser rotundamente negativa, puesto que, si bien en el plano jurídico la condición de imputado no admite gradaciones, en la esfera política, en cambio, sí es graduable la solidez de los indicios percibidos por la opinión pública, con arreglo a variados factores que enumero sin ánimo de exhaustividad: no es lo mismo que las diligencias penales surjan como consecuencia de una investigación judicial previa (como en el caso de la Operación Orquesta) o que se inicien a raíz de una querella infundada de un rival político (como en el caso de la autovía del Barbanza); que se dicte prisión eludible mediante fianza o que no se adopte medida cautelar alguna; que el fiscal acuse o que no lo haga; que exista un material probatorio abrumador, basado en documentos, grabaciones telefónicas y multitud de testimonios inculpatorios e incluso autoinculpatorios, o que simplemente exista un relato novelesco (variante folletín, nivel literario pésimo) basado en un puro juicio de intenciones sin apoyatura probatoria de ninguna clase.

De la correcta interpretación política que se haga de estos hechos y de las consecuencias que se extraigan dependerá la credibilidad del (noble) oficio de la política, que, al menos en el seno de algunos partidos, está bajo mínimos en el momento presente.