El fiscal pide tres años para los acusados por el submarino de los narcos

El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, cambió ayer la tipificación del delito para los seis acusados que se declararon ante el tribunal culpables de organizar una descarga de más de 2.000 kilos de cocaína en un submarino de fabricación casera. Los narcos logran rebajar así las condenas en dos grados, de 121 a 20 años, como contempla la última reforma del Código Penal.

Incluyendo en la calificación varios agravantes, como el de grupo organizado, para elevar las penas al máximo, la imputación del delito que en principio se calificó en grado de tentativa pasó a ser de conspiración para delinquir. Así, las condenas de hasta 13 años que había solicitado el fiscal se quedaron en tres años y nueve meses de cárcel para los dos principales cabecillas de la banda.

En este supuesto se encuentran Francisco Omil Navazas, ya condenado a 10 años de cárcel en la operación Nécora. El fiscal le sitúa en el primer escalón del grupo, como intermediario de los cárteles sudamericanos que enviaron el cargamento que el sumergible no pudo recoger, al negarse el piloto a realizar el viaje por las precarias condiciones técnicas de la nave.

La misma condena solicitó para el empresario de Sevilla Tomás Bengoechea, que reconoció ser el intermediario del dinero con el que los traficantes sudamericanos financiaron la construcción del submarino, también con antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Grupo organizado

La imputación de tentativa en la conspiración para la comisión de un delito contra la salud pública -ya que la entrega de la droga en alta mar no se llegó a producir- supone probada la existencia de un grupo criminal organizado, por el reparto de funciones y el uso de dos embarcaciones para el transporte: el submarino y un velero.

Para Juan Serrano, el otro empresario de Estepona que colaboró en las entregas del dinero, pidió tres años y seis meses de cárcel, los mismos que para el que diseñó el narcosubmarino, Manuel Clemente, apodado El ingeniero, y vecino de Gondomar.

Para Juan Jesús Iglesias, cuya participación en el grupo eran las labores de contravigilancia en los sucesivos traslados que sufrió el submarino, tras varias botaduras frustradas, el fiscal pidió tres años y cuatro meses de prisión.