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O Grove alega que no tiene fondos para cumplir tres órdenes de derribo

El alcalde suplica una prórroga judicial para poder pagarlas el año que viene

El alcalde de la localidad pontevedresa de O Grove, José Antonio Cacabelos (PSOE), tiene tres demoliciones pendientes de ejecutar, pero la falta de presupuesto impedirá que el Ayuntamiento que él preside pueda acometer los derribos ordenados mediante sentencia firme, viejos procesos que fueron incoados todos ellos tras varias denuncias vecinales. Bajo amenaza de medidas coercitivas y posible delito de desobediencia si no ejecuta la orden judicial, al Ayuntamiento no le queda otra salida que derribar como responsable subsidiario, cuando los promotores hacen caso omiso a los tribunales. Una situación que se repite en la mayoría de los casos aunque el promotor se vea finalmente abocado a pagar los gastos, lo cual puede tardar años de papeleos.

Cacabelos destaca que las obras las autorizó el anterior Gobierno del PP

En estas circunstancias, que incluso llegan a convertir a los Ayuntamientos en infractores, la alcaldía grovense solo ha podido acometer uno de los derribos. Se trata de un chalé en As Baladas, en la parroquia de San Vicente, que se construyó en unos terrenos de menor superficie de las que establecen las normas urbanísticas. La orden se ejecutó hace dos semanas y le costará a las arcas municipales casi 20.000 euros.

Las otras tres sentencias de derribo contra edificaciones ilegales afectan a dos obras en el centro de la ciudad. Una de las construcciones es un ático en el conocido como edificio de Correos, y otra, la más antigua, es una obra en construcción que fue paralizada hace aproximadamente una década.

La tercera demolición parcial afecta también a un hotel de reciente apertura, Don Mexilón, frente a la playa de Reboredo, en el núcleo rural de San Vicente. Los promotores se excedieron en el volumen de edificación por lo que tendrán que demoler el bajo cubierta y otros aledaños de las instalaciones.

Según José Antonio Cacabelos, cualquiera de estos derribos requiere un proyecto técnico porque las demoliciones parciales que afectan al núcleo urbano son más complejas por los riesgos que implican, tanto para los vecinos como para los edificios colindantes. "Los costes, por tanto, serán elevadísimos y no tenemos presupuestos para hacerlo", alega el regidor de O Grove.

Una situación que Cacabelos pretende esquivar mediante la solicitud de una prórroga a los tribunales sentenciadores y la correspondiente presentación de las alegaciones tanto técnicas como económicas, lo que le permitirá al Ayuntamiento de O Grove ganar tiempo para incluir los gastos de demolición en los próximos presupuestos municipales.

"Espero que los jueces comprendan cuál es la situación y que hasta el año que viene no podremos resolverla", comenta el alcalde socialista. "No somos los únicos que estamos sufriendo esta situación y sé que hay muchos Ayuntamientos en Galicia que no pueden ejecutar estas sentencias porque no tienen dinero para ello", añade.

Cacabelos cree que esta situación puede complicar las cosas al Ayuntamiento ya que los promotores obtuvieron en su momento licencia municipal para construir las edificaciones sobre las que ahora pesa orden de derribo. "Entonces, los afectados estarían en su derecho de pedir una indemnización al Ayuntamiento por hacer las cosas mal, una vez que hayamos cumplido con el mandato legal", explica José Antonio Cacabelos.

"Es una situación que habría que corregir cuanto antes porque si hubo licencia municipal el responsable es el Ayuntamiento y eso crea en los ciudadanos una inseguridad jurídica de la que son responsables los Gobiernos municipales que hayan cometido el error y, desde luego, no hemos sido nosotros", puntualizó el alcalde, en clara alusión al anterior Gobierno local, que estaba en manos del Partido Popular.

El mayor caso, pendiente

El caso más paradigmático en O Grove es el apartotel de Raeiros, después de que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (Aplu) ordenara, hace ahora un año, el derribo de los 52 chalés adosados que se construyeron sin licencia autonómica. Cuando la Aplu comunicó la orden de derribo al Ayuntamiento para que la ejecutase, basándose en la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la promotora, Improin Galicia, SL, recurrió ante un juzgado de lo contencioso en Pontevedra paralizando así la orden.

El magistrado al que le ha tocado resolver el caso ha pedido a la Xunta todo el expediente que desencadenó el dictamen de la agencia urbanística en el que además de ordenar el derribo de los chales, emplazaba a los promotores a dejar la finca en su estado primitivo, antes de acometer la parcelación.

"Jurídicamente desconocemos qué salida pueda tener el caso, ni los argumentos que han esgrimido los promotores. Lo que está claro es que no se cumplió con la licencia y que se hizo una segregación de la finca contraria a las normas, aunque yo espero y deseo que le envíen al juez el mismo informe que nos enviaros a nosotros, donde nos apercibían para llevar a cabo el derribo", subraya el alcalde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

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