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Alboraia pide permiso para despedir a 29 empleados del Ayuntamiento

Los sindicatos denuncian que la maniobra "de mala fe" carece de amparo legal

El Ayuntamiento de Alboraia ha registrado ante la Dirección General de Trabajo un expediente de regulación de empleo que afectaría a 29 empleados públicos con contrato como personal laboral con carácter indefinido sobre una plantilla total de 59 funcionarios.

Luis Lozano y Juan Cruz, máximos responsables de las secciones de función pública de los sindicatos UGT y CC OO, respectivamente, denunciaron ayer en rueda de prensa conjunta que la maniobra del alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, del PP, carece de cualquier amparo legal. "La rentabilidad de las empresas productivas no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Los servicios públicos exigen calidad y perdurabilidad, algo que evidentemente se resentirá si se despide a la mitad de los empleados públicos del Ayuntamiento".

Los sindicatos no entienden cómo es posible que Román Ceballos, director general de Trabajo, haya aceptado tramitar la solicitud del expediente de extinción de empleo. "El estatuto básico del empleado público conmina a los responsables políticos a negociar con los sindicatos la reubicación de los trabajadores o las fórmulas para evitar la merma de los servicios sociales al ciudadano. Román Ceballos no debería haber admitido a trámite la solicitud del Ayuntamiento", señalan.

Es la primera vez que un Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana solicita un expediente de regulación de empleo. El presupuesto municipal de Alboraia para 2011 incluye una dotación superior a los 200.000 euros para pagar las indemnizaciones de los 29 empleados públicos que deberían dejar su puesto de trabajo. Los sindicatos consideran que la línea presupuestaria revela "la mala fe" del alcalde, que no ha negociado nada hasta la fecha y presenta los despidos como hechos consumados.

El expediente se encuentra en periodo de consultas. La Dirección General de Trabajo debe pronunciarse la próxima semana. Los sindicatos reclaman analizar con los municipales las partidas en las que se podría recortar gastos. Pero, sobre todo, temen que la Generalitat avale la solicitud del alcalde de Alboraia y abra la espita a una sucesión de despidos de empleados públicos en distintos Ayuntamientos "a partir del 23 de mayo", un día después de las elecciones municipales.

La ilusión de la especulación

El Ayuntamiento de Alboraia, la playa colindante al norte con la ciudad de Valencia, vive desde hace años por encima de sus posibilidades. El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2005 revela que los ingresos corrientes de la Corporación municipal ya desbordaban entonces los gastos corrientes. El problema no adquirió relevancia hasta que estalló la crisis económica y se paralizó el sector de la construcción. Hasta entonces, el Ayuntamiento cubría los excesos de gasto con los impuestos sobre construcción y obras o a partir de las licencias municipales por nuevas urbanizaciones. Pero esos tiempos han pasado.

Los sindicatos aseguran que el Ayuntamiento de Alboraia ha reducido su plantilla desde 178 hasta 59 trabajadores. Se han amortizado plazas, se ha prescindido de trabajadores laborales eventuales pero, sobre todo, se ha puesto de relieve que la plantilla municipal estaba sobredimensionada con la confianza de que la especulación urbanística resolvería todos los problemas financieros.

Luis Lozano, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, apunta que el alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, del PP, quiso impulsar un cuerpo de bomberos municipal, un servicio de emergencias para el municipio, incluso una televisión pública local, servicios que desbordan las posibilidades de una localidad que apenas cuenta con 10.000 habitantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

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