La historia se repite

La estrategia de pedir elecciones anticipadas por parte del PP no es nueva. Ya la pusieron en práctica en la década de los noventa del siglo pasado. Tras perder inesperadamente las elecciones de 1993, descalificadas la misma noche electoral en televisión por Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón por fraude electoral cometido por el Gobierno, el PP, con la colaboración de todos los medios de comunicación de la derecha española actuando de manera concertada, puso en marcha una operación para acortar la legislatura lo máximo posible. En esa estrategia se puso especial énfasis en la convocatoria de elecciones europeas y autonómicas andaluzas, previstas para la primavera de 1994. Los resultados de dichas elecciones debían considerarse como un test decisivo de la legitimidad del Gobierno de Felipe González para poder seguir dirigiendo la acción del Estado. Una derrota clara en las urnas no podía ser interpretada sino como una revisión por parte del cuerpo electoral de lo que había sido su expresión el año anterior y, en consecuencia, debería de procederse a la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones.

El debate fue muy intenso. En el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno tuvo que enfrentarse en repetidas ocasiones con José María Aznar, y en los medios de comunicación, en los que se debatió de manera ininterrumpida sobre el tema. Al final no se consiguió el objetivo en 1994, pero sí al año siguiente, en el que la presión sobre CiU fue tan intensa que acabó quebrando su apoyo al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1996, forzando la convocatoria de elecciones para ese año.

Andalucía se ha visto siempre implicada en esa estrategia. En 1994 porque se produjo la confluencia de las elecciones europeas y andaluzas y en 1996 porque la estrategia de la pinza en el Parlamento de Andalucía condujo a que no se aprobaran los Presupuestos de la comunidad autónoma durante dos años consecutivos y forzó con ello la celebración de elecciones anticipadas en nuestra comunidad, que coincidieron con las generales de 1996. Es de esa estrategia de la pinza de donde viene la coincidencia de las elecciones generales y andaluzas y no de una decisión autónoma del Gobierno de la Junta de Andalucía.

La historia se repite. La operación de deslegitimación de los presidentes del Gobierno de la nación y del de la Junta de Andalucía se viene poniendo en práctica desde hace ya tiempo. Desde la investidura de José Antonio Griñán se le viene reclamando por Javier Arenas que convoque las elecciones, ya que él carece de legitimidad democrática por no haber sido candidato a la presidencia en una consulta electoral. Y desde que los efectos de la crisis económica se hicieron notar con más fuerza, Mariano Rajoy viene exigiendo la convocatoria de elecciones anticipadas en todos los foros en que puede hacerlo. La última vez, en Bruselas aprovechando la crisis portuguesa.

El objetivo parece claro: convertir las elecciones del próximo 22 de mayo en un test decisivo de la legitimidad tanto del Gobierno de la nación como del Gobierno de la Junta de Andalucía con la finalidad de continuar con el discurso de deslegitimación de ambos y la necesidad de convocar elecciones a fin de resolver ese pretendido déficit de legitimidad por ellos mismos alimentado.

No conozco ningún otro Estado democrático en el que esto ocurra. Pero tampoco conozco ningún otro Estado europeo en el que un partido de gobierno actúe como lo está haciendo el PP. El retorno al uso electoral del terrorismo es una buena prueba. La historia se repite.