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COLUMNA

Aire limpio para las ciudades

Resulta irritante la campaña política vivida a raíz de la crisis atmosférica que se produjo hace unas semanas por unas condiciones meteorológicas poco favorables a la dispersión de los contaminantes en las grandes aglomeraciones urbanas. Las autoridades municipales y sanitarias se enzarzaron en una batalla absurda para tratar de ocultar o relativizar, según los casos, una realidad irrefutable: la contaminación, con altibajos, existe y resulta inevitable para los habitantes de las ciudades.

El origen, las características y las consecuencias para la salud de dicha contaminación son bien conocidos por los técnicos de todo el mundo y en particular por los epidemiólogos. Estamos pues ante un grave problema de salud pública que en momentos críticos bien merecería la declaración de alerta sanitaria por parte de las autoridades gubernativas. Y subsidiariamente, sería deseable la intervención automática de la administración de Justicia.

La adopción de medidas sobre la movilidad en nuestras ciudades no traerá más que ventajas

Más irritación produce el hecho de que los Gobiernos locales de las mayores áreas urbanas dieran por sentado, desde el principio de la crisis, que no pensaban aplicar ninguna medida restrictiva sobre la principal fuente de emisiones nocivas, eso es, el tráfico motorizado. Aducir razones económicas que no se justifican, les sitúa en el mismo lado que aquellos que han tratado de boicotear la nueva ley contra el tabaquismo con el argumento de que perjudica a la economía del sector hostelero.

Ahora, sin embargo, la crisis petrolera sí ha llevado al Gobierno a tomar medidas precipitadas que, en conjunto, resultan poco convincentes. Recordemos que el transporte de personas y mercancías consume el 60% del petróleo en el mundo. Especialmente discutida ha sido la de reducir la velocidad en autopistas. Y ello, en parte, porque solo se han escuchado, amplificadas, las voces de los lobbies que suelen aparecer siempre en estos casos. No han podido resultar más desafortunadas las declaraciones del piloto Fernando Alonso ironizando sobre el peligro que supone dormirse al volante si se circula durante un tiempo a 110.

Nuevamente, la improvisación y la falta de coraje político impiden afrontar de raíz un grave problema que en muchas ciudades europeas viene abordándose por la única vía de reducir el tráfico en las áreas urbanas. Cierto es que esas políticas urbanísticas no se improvisan, ya que implican crear condiciones favorables para caminar, ir en bici o usar el transporte colectivo. Son medidas que, coherentemente ensambladas, han sido aplicadas indistintamente por Gobiernos conservadores y de izquierdas en muchas ciudades europeas, incluidas algunas españolas, y han conseguido una amplia aceptación social, creando una nueva cultura de la movilidad. En cualquier caso, se trata de medidas mucho más sencillas y menos costosas que las que han conducido al modelo "todo por el automóvil".

Pero también es cierto que a corto plazo se puede empezar por forzar el cambio de hábitos, por ejemplo, para aquellos que ahora mismo realizan trayectos cortos en automóvil, que son fácilmente trasvasables a medios más ecológicos, o para los que utilizan los centros como atajos.

La ciudad de Valencia ofrece, desde hace ya unos cuantos años, una interesante experiencia durante las fiestas falleras, con la práctica supresión del tráfico privado durante los días previos al de San José, en un perímetro que va más allá del centro histórico. Cierto es que se trata de una situación excepcional, con disminución de la actividad laboral, aunque se aumentan durante esas fechas los servicios de transporte colectivo en unas condiciones alteradas por la entrada masiva de visitantes y turistas. Curiosamente, durante el resto del año, la excepcionalidad consiste en todo lo contrario, pues somos un ejemplo -casi único ya en nuestro entorno europeo- de cómo las Administraciones públicas, de uno y otro signo, de ámbito local o estatal, vienen estimulando el acceso de vehículos al centro de la ciudad.

Los Estados Unidos celebraron a finales de 2010 los 40 años de la ley del Aire Limpio (Clean Air Act, 1970) una pieza histórica de la legislación, que ha generado importantes beneficios ambientales y de salud pública en aquel país. Aunque el objetivo fundamental de la ley era la reducción de las emisiones contaminantes de la industria, sucesivas enmiendas llevaron de una u otra forma a la reducción del tráfico. (Recordemos de paso que allí las velocidades máximas en autopistas siempre han sido inferiores a las españolas). En esta línea, la Agencia Federal de Protección Medioambiental ha anunciado recientemente un plan para regular las emisiones contaminantes de las plantas de energía y refinerías de petróleo, tras el fracaso en el Congreso de una ley sobre cambio climático.

Insistamos una vez más, la adopción de medidas planificadas -no improvisadas- sobre la movilidad de nuestras ciudades no traerá más que ventajas en todos los órdenes: en la reducción de las emisiones, en la dependencia energética, en la competitividad de nuestras empresas, en definitiva, en el saneamiento económico. Pero sobre todo, en la salud y en el bienestar de los ciudadanos. ¿A qué esperamos?

Joan Olmos es ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de marzo de 2011