CiU congela la Oficina Antifraude

El Gobierno de CiU ha colocado la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en el congelador tras la inesperada muerte, el 21 de enero, de su director, David Martínez Madero. La falta de consenso político para nombrar un sustituto y la negativa de los nacionalistas a designar un director provisional con firma autorizada para que Antifraude pueda seguir trabajando han provocado en la práctica la parálisis de la institución.

En la actualidad hay unos 80 casos ya concluidos que no pueden cerrarse definitivamente (con denuncia o con archivo) porque no hay nadie autorizado legalmente para firmar el acuerdo. Por eso mismo tampoco pueden abrirse nuevas investigaciones, de manera que las 50 denuncias que han llegado en estos dos meses también siguen esperando en una mesa. Y luego hay otros 80 expedientes en trámite que cuando finalicen se acumularán a la lista.

Cincuenta denuncias nuevas esperan que alguien autorice su investigación

A los pocos días de la muerte de Martínez Madero, los tres directores funcionales de la OAC escribieron a Núria de Gispert, presidenta del Parlament, del que depende la institución, para instarla a que nombrara un sustituto provisional. A los pocos días se les denegó la petición por carecer de amparo legal, según les dijeron, aunque en la oficina se consideró que fue por falta de voluntad política.

La situación de hibernación se traduce, además, en que las nóminas de los empleados de la oficina no se están pagando del presupuesto de la institución, que es de cinco millones anuales, sino que las abona el Parlament, porque tampoco existe nadie con firma autorizada para disponer de los fondos. Eso supone, entre otras cosas, en que los empleados de la OAC están pagando de su bolsillo todos los gastos derivados de su trabajo, como desplazamientos, comidas y hasta material de oficina.

Las normas de régimen interno establecen que el director de Antifraude es la única persona que puede autorizar el inicio del estudio de una denuncia para comprobar su verosimilitud antes de archivarla o acordar que se investigue. En ausencia del director, la ley de la OAC también autoriza a que esas funciones las ejerca el subdirector, pero ese cargo nunca se cubrió por deseo de Martínez Madero de no generar más gasto.

El director de Antifraude lo nombra el Parlament por mayoría de tres quintas partes a propuesta del Gobierno de la Generalitat, con lo que en la práctica es Artur Mas quien tiene la sartén por el mango. Desde el fallecimiento de Martínez Madero, CiU y el PSC han celebrado alguna reunión para consensuar un nombre, pero todos los intentos han resultado infructuosos por un motivo u otro. Y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, es probable que no haya acuerdo hasta el otoño, porque CiU no considera prioritaria esta cuestión.

Todos los candidatos barajados hasta ahora son jueces o fiscales, pero CiU y el PSC no están de acuerdo sobre el perfil del nuevo director. Los nacionalistas pretenden que no se asemeje al de Martínez Madero y han descartado a un fiscal conservador porque en su día solicitó la imputación de un dirigente de Unió. Los nombres del PSC han sido rechazados por CiU, que los considera poco sensibles a sus postulados.