Fabra solo logra acreditar el 9% de sus ingresos no justificados

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), ha justificado el origen de 332.565 euros, es decir, el 9% del total de 3,7 millones de euros que los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, le imputaban como ingresos no justificados en sus cuentas. Del total de lo acreditado, cerca de 180.000 euros corresponden al propio Fabra mientras que algo más de los 150.000 restantes han sido certificados por su exesposa, María Amparo Fernández.

Los peritos judiciales han presentado ya ante el titular del Juzgado número 1 de Nules su segundo informe, modificado y redactado teniendo en cuenta la documentación que presentó Carlos Fabra para justificar los ingresos en sus cuentas entre 1999 y 2004, cuyo origen no estaba acreditado.

Tras las conclusiones de aquel primer informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

Un delito menos

Los ingresos de origen no justificado y su omisión en las declaraciones tributarias supusieron un fraude a la Hacienda Pública concretado en cuatro delitos fiscales, según el nuevo informe. Así, los peritos han rebajado de cinco a cuatro los delitos fiscales imputables a Fabra, una vez analizada la documentación presentada por el presidente de la Diputación de Castellón para rebatir las acusaciones de fraude cometido entre 1999 y 2003.

La justificación presentada por el también presidente del Partido Popular de Castellón de algunos de sus ingresos ha llevado a que los peritos modifiquen las cantidades que, a su juicio, fueron defraudadas por Fabra y por su entonces esposa. Así, determinan que Fabra dejó de ingresar en Hacienda algo más de 890.000 euros, en lugar de los 980.000 de los que le acusaron en principio, mientras que en el caso de María Amparo Fernández, las arcas públicas dejaron de percibir poco más de 685.000 y no los más de 750.000 que le atribuyeron en un principio. Es decir, entre ambos, la diferencia de la cantidad que antes se les atribuía como defraudada con la ahora constatada es de 160.000 euros.