Chiclana rebaja el precio de la legalización de viviendas

El Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por el PSOE, IU y PSA, ha acordado con la plataforma de vecinos afectados por la regularización de viviendas ilegales, que agrupa a 27 asociaciones, la modificación de las ordenanzas que marcaban este proceso y que habían motivado multitudinarias movilizaciones contra el gobierno local. Los dueños de las casas se quejaban, sobre todo, del alto coste para obtener licencia y servicios básicos.

El Ayuntamiento dividió 18 millones de metros cuadrados en nueve áreas de gestión en las que están construidas 15.000 casas ilegales. Los vecinos deben pagar el coste de la urbanización. Pero la estimación de ese gasto no convenció a la mayoría de dueños. Ayer se llegó a un acuerdo con la firma de un protocolo entre el alcalde y representantes vecinales.

Los vecinos se comprometen por escrito a retirar en tres días los recursos presentados contra las ordenanzas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A cambio, el Consistorio aceptar rebajar los costes y se marca como objetivo conseguir más ayudas públicas para financiar la llegada de infraestructuras y suministros a estas viviendas. El portavoz de la plataforma ciudadana, Joaquín González, calcula que el ahorro para los dueños de casas ilegales puede ser del 40%.

La medida llega a pocos meses de las elecciones municipales. El PP había anunciado que lo primero que haría si llegase a la alcaldía sería derogar esta iniciativa. También lo prometió el PVRE, un partido salido de las movilizaciones contra estas ordenanzas. Mañana el protocolo firmado con los vecinos deberá ser ratificado en pleno.