Rajoy exige responsabilidades políticas

El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó ayer respecto a las presuntas irregularidades en los ERE financiados con fondos públicos que se ha producido "una burla al conjunto de los ciudadanos" y exigió responsabilidades políticas. Rajoy consideró "impropio de una democracia civilizada" lo ocurrido y declaró que este caso exige que "algunos, y lo harán, y si no al tiempo, asuman responsabilidades políticas". Añadió también que debe haber "de todos un compromiso para que estas cosas no se vuelvan a repetir jamás".

Durante la clausura del comité ejecutivo del PP de Marbella, el líder popular desligó las irregularidades de los ERE de la imagen de Andalucía y opinó que "a quien hace daño es a los responsables políticos y a las personas que han provocado esa situación". Según Rajoy, Andalucía es una tierra con "gran futuro", particularmente cuando cambie el Gobierno y haya al frente "gente seria".

Según él, es "inaceptable" lo ocurrido con los ERE, las ayudas al empleo, a empresas en crisis y a la formación, situación con la que "hay que terminar".

Por su parte, el presidente regional del PP, Javier Arenas, reclamó que "se persiga" al que tiene responsabilidades jurídicas y políticas, aseguró que el PP llegará hasta el final en este asunto y advirtió de que "si no se sabe ahora todo lo que se tiene que saber, con el gobierno del cambio [el del PP] se sabrá".

Arenas reiteró la petición de dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por los informes enviados por la Intervención General en contra del procedimiento administrativo ya que entonces era el consejero de Economía y Hacienda.

Por su parte, el coordinador general de IU, Diego Valderas, aseguró que el Gobierno andaluz ha demostrado en el caso de las irregularidades detectadas en los ERE que "no solo quiere controlar al Parlamento, vetando la celebración de una comisión de investigación, sino también a la justicia, al negarle las actas de los Consejos de Gobierno de los diez últimos años, solicitadas por la juez que lleva el caso". En declaraciones a Europa Press, Valderas anunció que los servicios jurídicos de IU están estudiando la ley del Gobierno en la que se ampara la Junta para no remitir a la juez todas las actas.

No obstante, desde un punto político y no jurídico, dijo que el principal argumento del Gobierno andaluz de "colaboración estrecha y exhaustiva con la Justicia se viene abajo". "Si el Gobierno puede acordar hacer públicas las actas, siendo una potestad suya, por qué no lo hace", se preguntó el líder de IU, quien apuntó que lo que se deja entrever es que la Junta "tiene algo que esconder" en las actas.

Además, se mostró convencido de que, en ningún caso, el Gobierno andaluz esperaba "la diligencia y la firmeza" de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.