La factura del fallo del Guadalquivir

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula las competencias exclusivas de Andalucía sobre el río Guadalquivir podría tener importantes consecuencias económicas para la Junta. Agricultores y regantes de la cuenca han encontrado en este fallo una oportunidad para resarcirse de lo pagado en los dos últimos años, desde que la Junta asumió la gestión del río.

Asaja -que fue quien mostró más resistencia a la asunción de competencias por la Agencia Andaluza del Agua- ha pedido a la Junta la devolución de oficio de todas las sanciones y cánones cobrados desde el 1 de enero de 2009, así como la paralización de todos los expedientes actualmente en tramitación, por considerarlos nulos. De no ser así, la patronal agraria amenaza con colapsar la Administración con miles de recursos y, de persistir la negativa, acudirán a la vía judicial. En toda Andalucía son miles los agricultores y regantes afectados por esta sentencia y que ahora podrían reclamar contra la Junta. Solo en las más de 200.000 hectáreas de las vegas altas del Guadalquivir, el último año se recaudaron más de 12 millones de euros por el canon de riego, cuyo importe fue de 64,41 euros por hectárea.

"La Agencia Andaluza del Agua está inhabilitada y sus actos en los dos últimos años quedan sin validez jurídica", dijo ayer Luis Carlos Valero, gerente de Asaja en Jaén. Esta organización ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus asociados para emprender las reclamaciones ante la Junta.

Para Asaja, la posible encomienda de gestión por parte del Estado a la Junta carece de validez jurídica. El abogado Francisco Martínez entiende que esa medida tampoco validaría las actuaciones realizadas en los dos últimos años ya que, a su juicio, los expedientes no pueden retrotraerse.

La Federación de Comunidades de Regantes de Jaén considera que la sentencia del Constitucional está generando una gran incertidumbre entre los agricultores. "Lo que los regantes necesitamos es que la solución a este problema no se prolongue mucho en el tiempo, ya que el vacío legal que se ha abierto con la sentencia paraliza nuestra actividad y los proyectos que podamos llevar a cabo", subraya el presidente, Juan Criado.

Mientras, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, confirmó ayer que el próximo martes se va a reunir la comisión bilateral de cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía donde se abordará la encomienda de gestión a la Junta "para que no haya ningún tipo de problema en lo que es el funcionamiento de los diferentes órganos que concurren su actividad en la gestión del agua del río Guadalquivir y para que no haya ningún problema administrativo".

Todo ello, añadió Zarrías, con el fin de que Andalucía tenga el máximo de capacidad a la hora de gestionar "buena parte" de la competencia en materia hidráulica y respetando la sentencia del Constitucional.