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Elecciones municipales

"La asfixia comenzó cuando rechacé la oferta de Baltar de unirme al PP"

El alcalde de Lobios denuncia una persecución política de la Diputación

A José Lamela, alcalde socialista de Lobios desde 2007, el mandato se le ha hecho cuesta arriba. Lamela llega a las municipales de 2011 con sus bienes personales embargados para responder por la gestión económica municipal de sus antecesores del PP. Mientras hace frente a siete demandas judiciales interpuestas por los mismos populares que endeudaron la institución, el regidor asegura ser objeto de una "auténtica asfixia" política que atribuye al presidente de la Diputación, José Luis Baltar. "Todo comenzó cuando quiso captarme para el PP", cuenta. Pero no lo consiguió. Las demandas judiciales y la "asfixia" política han ido paralelas a una disminución de inversiones de la Diputación en esta localidad. Y, hace apenas unos días, a la dimisión de la secretaria e interventora municipal, que eligió un nuevo destino al término del mandato y con el Ayuntamiento casi en quiebra.

Las inversiones de la institución provincial cayeron hace año y medio

La presidencia del socialista en Lobios -comarca en la que Baltar se juega uno de los dos diputados de los que depende su mayoría- comenzó con una cordial relación de la Diputación. Según se desprende de los informes municipales, durante dos años y medio la institución provincial destinó partidas en Lobios para la remodelación de la Praza de Xendive, para el asfaltado de caminos en Grou, para la mejora de su carretera, para la fuente pública de Aceredo y para el inventario municipal, entre otras. Baltar llegó a advertir a los vecinos que "todas las peticiones tienen que pasar por el alcalde". Lamela asegura que el presidente le dijo "ante testigos" que ambos podrían hablar y entenderse "para que fuera al PP". No lo hizo. La colaboración de la Diputación con Lobios fue en declive.

Los seis meses siguientes al supuesto "intento de captación" del socialista fueron de negación institucional. En ese medio año, y según consta también en la documentación oficial, la Diputación denegó las peticiones del Ayuntamiento para la reparación del tejado de la iglesia de Riocaldo, pavimentación de caminos -"nos pidió una colaboración municipal abusiva: era el doble del coste real"-, saneamiento de Xeás y obras del polideportivo "que quedó inacabado", entre otras demandas municipales.

El regidor se encontró con que asociaciones y vecinos "vinculados al PP" comienzan a demandar permisos municipales "inviables" para realizar obra pública en el municipio. "Ninguno presentaba justificación ni proyecto y había informes opuestos del dictamen técnico". El mensaje corrió como la pólvora entre el vecindario. "Empezaron a decir que el alcalde impedía que la Diputación haga obras". La institución provincial apenas colaboró entonces con el Ayuntamiento. Cuando comenzó a hacerlo, no obtuvo previamente la licencia municipal. "Empezó a hacer obras ilegales sabiendo que tendríamos que parárselas". El mensaje a los vecinos volvía a quedar claro: "El alcalde no deja hacer obras". Las ejecuciones paralizadas por Baltar fueron el Área de descanso de Ganceiros, reconstrucción del retablo de la capilla de Puxedo, para la que no había permiso de Patrimonio y obras particulares a vecinos como escaleras a sus viviendas o accesos a fincas.

El PP convocó entonces asambleas instando a los vecinos a que propusieran las obras a la Diputación. Los socialistas acusaron a Baltar de destinar fondos públicos en beneficio del PP y la Diputación pidió entonces al Ayuntamiento colaboración económica "para obras de las que no facilita ningún dato".

La "fuga" de la secretaria

En Lobios no solo cayeron las obras provinciales en picado sino que, además, el Ayuntamiento se vio maniatado para ejecutar. El técnico municipal del mandato anterior al de Lamela "se llevó toda la contabilidad" de la institución consigo.

En el acta de constitución del pleno de 2007 consta que no quedó ni arqueo. Lamela asegura que esa información desaparecida es la que "está manejando ahora el PP para amparar las denuncias" que le interpone a él. Las facturas impagadas por el Ayuntamiento de Lobios entre 1995 y 2007 (periodo gobernado por el PP) alcanzan los 2,2 millones de euros.

En medio de la asfixia económica y política, el regidor se ha encontrado ahora con el colapso administrativo. Este mismo mes ha tenido que afrontar "la repentina fuga" de la secretaria interventora. La técnica pidió comisión de servicios en Chandrexa (en donde el PP gobierna con 6 ediles frente a 1 del BNG) y abandonó "sin comunicación previa" su puesto en Lobios.

La secretaria municipal se fue de vacaciones el pasado 4 de marzo y regresó el día 10, el mismo en el que consta su anuncio de traslado. Recogió los petates al día siguiente y dejó al Ayuntamiento sin asesoramiento técnico.

Sin asesoramiento y sin apenas colaboración de la Diputación, Lamela dedica buena parte de su tiempo a acudir a los juzgados para atender a los pleitos del PP. De momento, hay tres sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento que preside a indemnizar a particulares por conceder licencias irregulares -que llevaron a la demolición de inmuebles- en 2003, cuando gobernaba Benito Vázquez, del PP. Los populares se defienden apelando a la "mala gestión" del bipartito y a su "búsqueda de culpables".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de marzo de 2011

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