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La caja pedirá un mínimo de 1.600 millones al fondo de rescate

NCG necesita que el Banco de España autorice otra fuerte inyección de fondos

Los consejeros de Novacaixagalicia (NCG) desayunaron ayer con la noticia de que la agencia Moodys sitúa la deuda a largo plazo de la caja a un paso de lo que se conoce como bono basura. Por delante tenían una larga reunión del máximo órgano de decisión de la entidad. Tras escuchar durante tres horas a varios expertos externos, al director, José Luis Pego, y a los copresidentes, votaron afirmativamente -con dos abstenciones de representantes del Ayuntamiento de Pontevedra (BNG) y CC OO- a un plan de recapitalización en el que el dinero público será la columna vertebral. "Es la manera", aseguraron algunos consejeros después de la reunión, "de esquivar los enormes descuentos que ahora exige el mercado por acceder a participación".

Manuel Añón, que mantiene un conflicto con NCG, votó a favor

En el comunicado oficial, la entidad explicó que NCG, además de dinero público, "concentra su esfuerzo en captar inversores de carácter estratégico". Asegura que eso permitirá "minimizar la aportación del fondo de rescate", porque esos empresarios "están dispuestos a tomar una participación significativa". Aunque durante la reunión del consejo no se mencionaron los nombres de los posibles interesados ni la cuantía de ese apoyo.

El proyecto, que ayer se remitió al Banco de España, tiene otro eje complementario: la rebaja de los activos que ahora obligan a NCG a buscar 2.600 millones de euros. Los necesita para alcanzar un capital suficiente con el que sortear las futuras pruebas a las que la UE someterá a la banca. Pero en seis meses, los directivos creen que podrían llegar a recortar entre 650 y 1.000 millones esa cifra. Lo que significa que, en el mejor de los casos, necesitarán entre 1.622 y 1.972 millones, la mayoría procedentes del fondo de rescate (FROB)

"Lo que aprobamos es una vía que puede ser doble: si conseguimos inversores, mejor, pero lo más probable es que dependamos del FROB", comentaba un miembro del consejo. Es una alternativa que suena, hasta cierto punto, bastante buena para la entidad, "porque se ha planteado como una participación amistosa", aseguraron las mismas fuentes. La cuenta atrás de dos años comenzaría en septiembre. Si en ese plazo la caja no recompra los títulos que adquiera el Estado, éste podrá venderlos o dar una prórroga con un máximo de cinco años a NCG para deshacer su posición. "Por medio hay unas elecciones generales y se espera que la economía se vaya recuperando, todo puede pasar", insisten en NCG en la idea de que ese paréntesis pueda facilitar alternativas en un escenario de menor presión.

El proyecto prevé, "en una segunda fase", la salida a Bolsa del banco de Novacaixagalicia, dando entrada a pequeños accionistas y "otros inversores institucionales", que compren los títulos del Estado.

Uno de los votos favorables en el consejo fue el del empresario Manuel Añón, que hace semanas amenazó con llevar a los juzgados a NCG si no compraba su parte en la corporación industrial de Caixa Galicia, en la que él invirtió 100 millones. En la penúltima reunión, dado el claro conflicto de intereses, se abstuvo, pero su apoyo ahora hace presagiar un acuerdo.

También ayer, el Banco Gallego, propiedad en un 49% de la caja, presentó sus cuentas. En 2010 ganó 9,5 millones, un 19% menos. El margen de explotación, que sirve para analizar la evolución del negocio bancario, avanzó un 11%.

Feijóo insiste en el aval público

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en pedir para Novacaixagalicia el mismo trato que recibieron las operaciones de Caja Castilla-La Mancha y Cajasol, intervenidas ante un riesgo de quiebra y ahora en manos de Cajastur y BBK, respectivamente.

En el Consello de la Xunta celebrado ayer en Ferrol, el titular del Ejecutivo autónomo aseguró que Galicia está dispuesta a avalar "el 50%" del Esquema de Protección de Activos (EPA) que solicita para Novacaixagalicia. Se trata de un mecanismo gracias al que los fondos públicos se hacen cargo de las pérdidas por morosidad (hasta un límite) que puedan producirse si la entidad no tiene reservas suficientes para cubrir los impagos.

"La prueba de que creemos que este proyecto es solvente es que la Xunta está dispuesta, si el FROB lo acepta, a avalar el 50% del esquema de protección de segundos activos", declaró Feijóo, para evidenciar el empeño del Gobierno gallego por "garantizar la solvencia" de la caja y la permanencia de sus órganos de dirección en la comunidad. Un día antes, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, aseguró que esa fórmula ha sido vetada expresamente por el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Feijóo volvió a criticar la "improvisación y los bandazos" del Gobierno central en la regulación de las cajas de ahorro en un momento "de extraordinaria dificultad" y cuestionó las declaraciones realizadas ayer por los dos líderes de la oposición gallega, Pachi Vázquez y Guillerme Vázquez. Considera que "dan por asumida la discriminación que el Gobierno de España pueda producir sobre este proyecto financiero avalado por el Banco de España y por el FROB".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de marzo de 2011

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