Familiares de niños robados acusan a funcionarios del registro
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Familiares de niños robados trasladaron ayer al fiscal Ángel Núñez, asesor del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, su convencimiento de que algunos de los funcionarios que firmaban las partidas de nacimiento y defunción de bebés estaban implicados en la trama. "Las firmas coinciden. Después de dar por muerto a un bebé lo inscribían en el libro de nacimientos con unos padres distintos y una identidad falsa", explicó Mar Soriano, hermana de Beatriz, supuestamente robada al nacer en la clínica O'Donnell de Madrid en 1964, y coordinadora de una plataforma de afectados. "Nuestros hijos y hermanos robados están en esos archivos. Que se abran", rogó Soriano, acompañada de su abogado, Fernando Magán.
El fiscal, según aseguraron los asistentes a la reunión, recomendó a los afectados que trasladaran esta sospecha al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido -con el que ya han solicitado una reunión-, y se comprometió a "remover los obstáculos" de acceso a los registros. Núñez, al que Caamaño ha encargado directamente la atención a los afectados, aconsejó a las familias que están acudiendo a las fiscalías provinciales que reúnan antes toda la documentación posible para que su denuncia no sea archivada. Soriano explicó que el primer documento con el que deben hacerse las víctimas es la partida literal de defunción del bebé en el Ministerio de Justicia para ver la causa de muerte. "Si es absurda, como una otitis, ya tienen un primer indicio. El segundo paso es pedir información al hospital para ver si la causa y la fecha de la muerte coinciden con la de la partida de defunción", explicaba.
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