El Gobierno exige ahora un informe ambiental para el relleno de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo tendrá que realizar un estudio de impacto ambiental del relleno que está acometiendo en el muelle del Areal para ganar unos 80.000 metros cuadrados de superficie portuaria a costa de la lámina de agua, según se desprende de la respuesta dada ayer por la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, a una pregunta parlamentaria en ese sentido de la diputada Olaia Fernández (BNG).

El proyecto de ampliación de los muelles comerciales de Vigo aún está "en fase de evaluación", según Teresa Rivera, quien señaló que el 8 de marzo del año pasado ya se notificó a la Autoridad Portuaria la necesidad de un estudio completo del proyecto, incluido informe de impacto ambiental. Es un cambio de actitud de la Administración que se debe, dijo Rivera, al "impacto sobre las comunidades biológicas de la ría", motivo por el que también, según explicó, el Gobierno exige "estudios de los efectos sobre la calidad de las aguas y la adopción de las medidas correctoras".

La ampliación podría requerir un relleno de 900.000 metros cúbicos

Ahora está en ejecución la primera fase del proyecto (49.200 metros cuadrados), después de un confuso procedimiento administrativo y judicial que la mantuvo paralizada durante cuatro meses por orden de un juzgado de Vigo a raíz de una querella del fiscal por presunto delito de prevaricación contra la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, así como otras autoridades de la misma.

La imputación se fundamentó en que el proyecto no podía ejecutarse ante la inexistencia, por una parte, de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y de Plan Director de Infraestructuras, que deberían amparar una actuación de tal envergadura. Por otra parte, se denunciaba la innecesariedad de someter el proyecto al procedimiento de impacto ambiental, aducida por las citadas autoridades alegando que así se había establecido al aprobarse el proyecto en 2002 (fecha desde la que se había promulgado legislación añadida sobre el asunto que obligaba al trámite, argumentaba la fiscalía).

La querella por prevaricación fue definitivamente desestimada hace dos semanas por la Audiencia Provincial, que también determinó levantar en mayo pasado la suspensión cautelar de las obras al no apreciar en ellas riesgos de "delito ecológico". Así, hace unos días pudo comenzar la segunda parte de las obras de la primera fase, la colocación de pilotes que soportarán la mitad del tablero de hormigón de esta ampliación; la otra mitad se instalará sobre un relleno de lodos confinados, dragados en la zona.

Para la segunda fase de la ampliación (30.200 metros cuadrados) se contemplan tres opciones: cajones de hormigón, lo que requeriría dragar 260.000 metros cúbicos de lodos y rellenar con otros 560.000 de materiales; pilotes, para lo que se necesitarían 600.000 metros cúbicos de relleno, y tablestacas, con 900.000 metros cúbicos.