Gobierno y Junta aceleran la salida provisional para el Guadalquivir

El Gobierno y la Junta intentan cerrar cuanto antes una salida, al menos provisional, para el problema abierto tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Guadalquivir. La Consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que la intención de la Junta es que el miércoles 30 de marzo se "dé luz verde" al decreto que permitirá aprobar la encomienda por la que la comunidad mantendrá la gestión de algunas competencias sobre el río. El visto bueno se lo tendrá que dar la comisión mixta de transferencias y luego deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Tras la sentencia del Constitucional en la que se anulaba el artículo 51 del Estatuto andaluz, la gestión del Guadalquivir está acercándose a un peligroso limbo. Andalucía gestiona la mayoría de competencias sobre la cuenca del río que transcurre por la comunidad. Sin embargo, el Constitucional considera que las competencias, al tratarse de una cuenca que también afecta a Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, debe tenerlas el Gobierno central. Los servicios jurídicos de la Junta y del Gobierno central están trabajando a marchas forzadas en el decreto, que, según indicó ayer Moreno, dará "validez" al periodo transitorio. No se trata de la solución definitiva, que tendrá un encaje mucho más complicado, llevará "muchas semanas" y será el resultado de un trabajo de "brocha fina jurídica", señaló la consejera.

Se está a la espera de que el Supremo anule el decreto de transferencias

Las prisas a la hora de buscar una solución transitoria responden a la inseguridad jurídica en la que se puede caer. La Junta considera que el fallo del Constitucional todavía no tiene efectos que puedan paralizar la gestión del río -de hecho, ayer se siguieron publicando en el BOJA las resoluciones de la Agencia Andaluza del Agua-. Sin embargo, esta gestión quedaría en el aire en el momento en el que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el decreto de octubre de 2008 que permitió la transferencia de las competencias a la Junta.

Extremadura recurrió ante el Constitucional el artículo 51 del Estatuto, que es uno de los argumentos legales del decreto de transferencia de 2008. Pero también llevó al Supremo este decreto. El Supremo estaba a la espera de que el Constitucional publicara su sentencia sobre el Estatuto para pronunciarse. La Junta cree que este nuevo fallo, que anularía las transferencias, es inminente. Castilla-La Mancha y los ingenieros de Caminos también recurrieron la norma, según detalló ayer la Consejería de Medio Ambiente.

Respecto a las sanciones, concesiones y el resto de actuaciones llevadas a cabo por la Junta desde 2009, Moreno aseguró ayer que la Junta considera que son "legítimos" y no corren peligro de quedar anulados tras el fallo del Constitucional.