La crisis de los servicios públicos

Los servicios públicos del Estado del bienestar en España se hallan en manos de las comunidades autónomas (CC AA). Sanidad, educación y servicios sociales dependen de las arcas autonómicas y absorben, en conjunto, casi dos tercios de los presupuestos. Una dependencia económica que tiene algunas particularidades. En primer lugar, existe una legislación estatal básica que limita y condiciona las decisiones descentralizadas. Lo que está ocurriendo con el catálogo de medicamentos impulsado por la Consellería de Sanidade es un buen ejemplo de ello.

En segundo lugar, la evolución de los recursos en cada comunidad sigue dependiendo fundamentalmente de las decisiones del Gobierno central. La renuencia de las CC AA a utilizar al alza su capacidad normativa en materia tributaria persiste, a pesar de las posibilidades crecientes con las que cuentan desde 1997.

En tercer lugar, el sistema de financiación autonómica de las CC AA de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) está basado en una arquitectura de anticipos y entregas a cuenta de recursos que se liquidan con un retardo de dos años. Es decir, los recursos que la Xunta está gastando en 2011 proceden en su mayor parte de anticipos por la recaudación tributaria que se espera obtener en España y en Galicia. Pero esa cantidad no se conocerá definitivamente hasta 2013. Será entonces cuando se liquide el anticipo: si la liquidación que le corresponde a Galicia supera el volumen de lo anticipado, la Xunta debe devolver la diferencia; y viceversa. Una devolución que puede fraccionarse en varios ejercicios.

En cuarto lugar, el Gobierno central es el responsable de la coordinación de las políticas fiscales en España. Con su papel dominante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede, en la práctica, imponer limitaciones al déficit y el endeudamiento. Es lo que está haciendo con el objetivo de situarse por debajo del 3% de déficit público agregado en el 2013.

En quinto lugar, el Gobierno central tiene la sartén por el mango a la hora de interpretar la normativa en materia de financiación autonómica: si un día decide no anticipar los recursos del fondo de competitividad o de cooperación, no lo hace. Y a saber cuánto tiempo tarda en resolver un tribunal.

Todo lo anterior se precipita para dar lugar a una crisis financiera de los servicios públicos del bienestar que no está sino comenzando. Incluso suponiendo que la recuperación económica avance, entre 2011 y 2013 vamos a soportar unas tensiones presupuestarias desconocidas y gravísimas en el ámbito autonómico. ¿Qué puede ocurrir? Si nada cambia, se disparará el retraso a pago a proveedores, como ya está ocurriendo en España con medicinas y aprovisionamientos médicos y se deteriorará significativamente la calidad de los servicios (listas de espera para la atención médica; listas de espera de dependientes con derechos reconocidos pero no activados...). Es verdad que la crisis puede ayudar a ganar eficiencia en el uso de los recursos y a volver a lo básico, eliminado programas de gasto autonómico accesorios. Pero buena parte de esto ya se ha hecho y los márgenes son cada día más escasos. Soy muy pesimista.

Por eso llama la atención que estos asuntos ocupen un lugar secundario en el debate público, como si el paso del tiempo fuese a solucionar el problema. Es posible que el calendario electoral no ayude a ello, con autonómicas en mayo y generales en menos de un año. Pero a mi juicio es perentorio que Gobierno central y CC AA se sienten y acuerden soluciones. En primer lugar, para reprogramar la ley de dependencia. No es realista mantener el 2015 como fecha de referencia para la implantación plena de la ley. En segundo lugar, para acordar medidas efectivas para el ahorro en materia sanitaria; incluso las que sean impopulares. En tercer lugar, para dilatar en el tiempo las devoluciones de las CC AA a la Administración central correspondientes a 2008 y 2009. Y en cuarto lugar, para revisar el reparto de objetivos en materia de déficit público entre niveles de gobierno.

La cooperación institucional y el respeto a la legislación básica son estrategias muy positivas en un país tan descentralizado como es España. Pero también lo es la fijación de restricciones presupuestarias que repartan los esfuerzos entre todos de forma equitativa.