Cumbre de fiscales para coordinar la venta anticipada de bienes incautados a 'narcos'

El Pazo de Mariñán, ubicado en el ayuntamiento coruñés de Bergondo, será durante dos días el escenario de la cumbre anual de fiscales antidroga. Una cita que arranca el próximo jueves y a la que está previsto que asistan más de 20 representantes del ministerio público y delegados territoriales especializados en narcotráfico y blanqueo de dinero.

La venta anticipada de bienes intervenidos a narcotraficantes será la cuestión de fondo a tratar en el amplio temario que abordarán los fiscales antidroga. La propuesta es agilizar el protocolo que fue aprobado hace un año por la Fiscalía General de Estado y los ministerios de Interior y Sanidad y cuya tramitación estaba pendiente de un informe de la Secretaría de Estado de Interior que se presentó en febrero pasado y en que se le conceden prerrogativas al Plan Nacional sobre Drogas para intervenir en la venta o subasta de bienes y patrimonios.

El fiscal especial antidroga de la Audiencia Nacional, José Ramón Noreña, adelantó ayer que la pretensión última es coordinar a las fiscalías para que los juzgados agilicen la venta de bienes y evitar en lo posible su deterioro y depreciación, como es el caso de barcos y coches, más vulnerables al paso del tiempo.

En algunos supuestos ya se está autorizando a los Puertos a vender embarcaciones para impedir un fondeo indefinido y que solo sirvan para chatarra cuando ya hay sentencia judicial. Es el caso de los Puertos gallegos o el de las Palmas, donde se concentraban mayor número de barcos incautados. Sus Autoridades Portuarias puedan ya subastarlos y, una vez que cobren los gastos de estadío ingresen el resto del dinero en el fondo de bienes.

En términos de rentabilidad para el Estado, la medida pretende romper con la dinámica de los últimos 15 años, con un balance de intervenciones que supera los 2.000 millones de euros pero que en muchos casos se ha traducido en la venta de patrimonios al borde de la ruina, después de un largo proceso judicial.

Otro de los asuntos que analizarán los fiscales son los problemas que está planteando la aplicación de la última reforma del Código Penal, principalmente en lo que se refiere a los grupos organizados para el transporte de droga, cuyas condenas se están revisando a la baja.

Por lo que se refiere a las drogas duras, como cocaína o heroína, se ha reducido el límite máximo, de nueve a seis años, lo que implica también una reducción de las penas superiores. En el caso de una organización, se prevé una pena de nueve a 12 años para los partícipes, y de 12 años y un día a 18 para los jefes. Respecto de las sustancias que, como el hachís, no causan grave daño a la salud, se mantienen las mismas penas en el delito básico pero pueden agravarse a 15 años para el cabecilla del grupo.

La reforma ha obligado a la fiscalía de la Audiencia Nacional a informar favorablemente 274 casos, un 32% del total de penados, mientras que se ha opuesto a 596. En la Audiencia Nacional no se ha revisado ninguna condena por hachís y los informes de la fiscalía han desestimado cualquier rebaja de condena.