La Xunta se obliga por ley a hacer campañas públicas contra el aborto

Si la legislatura comenzó con una ley promovida por una red antiabortista, la Xunta cerró ayer el círculo con la segunda norma legal que trata de disuadir a las mujeres de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la Ley de Familia, cuyo carácter "regresivo" mereció un demoledor informe del Consello Económico e Social (CES) de Galicia. Para defenderse de las críticas, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, alegó que la nueva ley "no colisiona" con la del aborto. No ocultó que uno de sus principales objetivos es "la protección de la natalidad", argumento que también empleó el presidente Feijóo para pedir el apoyo de la oposición a la nueva ley, si considera que "el problema demográfico es uno de los más estructurales" de Galicia.

El Gobierno deberá impulsar campañas para "proteger la vida en formación"

De entre las numerosas alegaciones del CES al anteproyecto de ley, la Xunta solo admitió las relacionadas con "nomenclatura y términos que se pueden ajustar", pero no las que afectan al contenido. Siguen siendo válidas por lo tanto todas las observaciones del órgano consultivo sobre los "graves recortes de los derechos de las mujeres", que, según el Consello, "hacen retroceder mucho tiempo atrás los avances sociales", así como sobre la "profunda carga ideológica que conlleva". El CES denunció también que la ley "recupera la retórica de la familia heterosexual y la maternidad como rol vital de la mujer".

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en el que se aprobó el proyecto legislativo, Alberto Núñez Feijóo incidió en "la protección de la maternidad y la defensa de los más débiles" como dos de los ejes principales de la Lei Galega de Apoio á Familia e á Convivencia. La conselleira, mientras, destacó la introducción de la "novedosa" posibilidad, "pionera" en España, de que se pueda declarar a la mujer gestante como "unidad familiar", permitiendo su acceso a "determinados derechos que hasta ahora le estaban vetados".

Así, el artículo 2 del proyecto de ley, que establece su ámbito de aplicación, cita entre los destinatarios de la ley a la mujer gestante "junto con el hijo o hija que espera". La norma implica de esta manera que existe vida humana y nacen derechos como persona desde la gestación, como ha denunciado el CES.

"La ley no olvida un momento clave, que es de la gestación", defendió Beatriz Mato, que coincidió con Feijóo en defender "la protección de la maternidad". La conselleira relató algunas de las actuaciones previstas en la ley destinadas a ayudar e informar de sus opciones a las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo.

La Xunta quedará obligada por ley a "promover la protección institucional del derecho a la vida". Para ello, establece la exigencia de llevar a cabo "campañas de sensibilización destinadas a la concienciación social de la importancia de la maternidad, al fomento de la natalidad y a la protección del derecho a la vida en formación". El Gobierno gallego también deberá promover la acogida y la adopción "como alternativa para que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo".

Mato destacó otros objetivos de la ley, como la apuesta "por el apoyo de la familia en general" y el "trato preferente" a las que reúnen "condiciones especiales", como numerosas, monoparentales o con mayores, discapacitados o dependientes a su cargo. El texto, añadió, "respeta la libertad" para organizar la convivencia.

El apoyo parlamentario que solicitó Feijóo se antoja imposible. A las críticas que vertieron socialistas y nacionalistas desde que se conoció el anteproyecto de ley, el PSdeG sumó ayer la acusación a la Xunta de "sepultar los derechos de las mujeres". La diputada socialista Beatriz Sestayo enmarcó la ley en una "huida del PP hacia la extrema derecha".