Andalucía y el Gobierno buscan una solución política y urgente

El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que los Gobiernos central y andaluz se pondrán a trabajar codo a codo para encontrar "lo antes posible" una solución jurídica que permita a Andalucía tener "mucho peso" en la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La negociación responde al fallo del Tribunal Constitucional que declara nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se declara que la comunidad tiene competencias exclusivas sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio.

El artículo fue recurrido por Extremadura, gobernada también por los socialistas. El 90,22% de esta cuenca transcurre por Andalucía y el resto afecta a las comunidades de Castilla-La Mancha (7,13%), Extremadura (2,45%) y Murcia (0,20%).

La unidad de gestión de cuenca no se puede fragmentar, según el fallo

La sentencia del alto tribunal, que argumenta en sus fundamentos jurídicos que no se puede fragmentar la unidad de gestión de cuenca, como ya dictaminó en 1988, no ha provocado ningún rechazo social y ni por asomo ha generado un impacto parecido al que se produjo en Cataluña cuando el Constitucional tumbó varios artículos del Estatuto. No hay pues una presión ciudadana en clave de reivindicación autonomista.

La Junta de Andalucía y el Gobierno central buscan ahora vías jurídicas para que Andalucía pueda tener una participación decisiva en el control del Guadalquivir.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrán el próximo lunes una entrevista para dar impulso político a la búsqueda de una salida.

Griñán dijo ayer en la sesión de control en el Parlamento que buscará la "cooperación" con las otras tres comunidades por las que discurre el río Guadalquivir. Otros dirigentes socialistas insistieron en lo mismo.

Desde Andalucía, son conscientes de que "soluciones para restaurar al 100%" el artículo anulado no existen, según subrayó la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, quien opinó que "puede haber soluciones legales" dentro de la sentencia. "No queremos buscar un atajo al Tribunal Constitucional, sino hacer políticas de agua dentro de los márgenes de la ley", abundó.

El Tribunal Constitucional mantiene en su sentencia los fundamentos jurídicos que ha empleado en otros casos similares en los que defiende la unidad de gestión de cuenca hidrográfica. "Desde un punto de vista técnico, es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea", reitera el alto tribunal citando la sentencia 227/1988 sobre la Ley de Aguas.

El Tribunal Constitucional afirma que "no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada comunidad".

El Constitucional entiende, por tanto, que el artículo 51, "al compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica supracomunitaria, como es la del Guadalquivir, vulnera el artículo 149.1.22ª de la Constitución española".