Justiciero Arenas

La imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández por los ERE irregulares no ha sido ninguna sorpresa. Lo mismo que no lo será si, llegado el caso, es también imputado su antecesor en el cargo, José Antonio Viera.

Un caso que está demostrando algunas cosas. Una, que la titular del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, está dispuesta a averiguar toda la verdad sobre las ayudas con dinero público a empresas y trabajadores en crisis. Dos, que la Junta, por órdenes directas del presidente José Griñán, fue la primera en llevar el caso a la fiscalía y después aportó a la juez todas las irregularidades descubiertas en su investigación interna.

Fruto de esas investigaciones, sabemos que hay 146 casos irregulares en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) vigentes de un total de 5.563 trabajadores. De los irregulares, 59 son intrusos (el 1,1%), es decir, jamás trabajaron en las empresas por las que cobran pensión. Entre ellos, hay nueve militantes socialistas.

La Junta, que se ha personado en la causa, les reclamará responsabilidades civiles y penales. Además, por vía administrativa les exigirá la devolución de todo lo cobrado hasta ahora.

Los otros 87 casos se refieren a personas que, si bien no trabajaron en la empresa matriz, si lo hicieron en alguna empresa auxiliar o subsidiaria. La juez decidirá cuál es su responsabilidad penal.

Estos son los datos. La investigación judicial está en marcha y penará a quienes hayan violado la ley. Sobra por tanto la querella ordenada por Arenas, tan amigo de judicializar la política en su favor, contra unos altos cargos que ya están siendo investigados por la juez Alaya.

Para los socialistas, el tema de los ERE ha sido un mazazo recibido en vísperas de una carrera electoral en la que, de entrada, salen como perdedores. Es indudable que ha habido falta de control en el manejo de los 647 millones de euros destinados a apoyar a empresas y trabajadores en crisis entre 2001 y 2010. En el 98,9% de los casos, las ayudas distribuidas son legítimas.

Los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández tenían la obligación de saber cómo se gastaba ese dinero. Si el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, u otra persona, los engañó y colaron intrusos en los ERE, como parece probable, es materia que deberá dilucidar la juez.

La reacción del Gobierno y de los socialistas, por lo demás, ha sido ejemplar. Los nueve militantes implicados han sido expulsados del partido. Siguiendo ese ejemplo, Viera y Fernández deberían pedir la baja temporal. En su defecto, la dirección tendría que suspenderlos provisionalmente.

Transparencia y contundencia son imprescindibles para recuperar el prestigio perdido. Eso es lo éticamente exigible a un partido de izquierda en su lucha contra la corrupción, frente a la opacidad y el apoyo que presta la derecha a sus imputados.

La doble moral que practican Arenas y los suyos ha quedado una vez más de manifiesto. Piden cabezas ajenas, mientras encumbran las propias. Aquí exigen la dimisión de Griñán, Chaves y Zarrías. En Valencia, aplauden y ratifican como candidato a Francisco Camps, quien está a punto de sentarse en el banquillo por cohecho (los trajes) y algo más grave: la posible financiación ilegal del partido, que lleva aparejada la pena de prisión.

Pero a Arenas todo eso le parecen minucias. Pura conspiración orquestada por jueces, policías, fiscales y periodistas rojos que hacen preguntas "sectarias", en palabras de Esperanza Oña, cuando se les pregunta por los últimos casos de corrupción en que están envueltos sus correligionarios: el presunto fraude electoral en Lanjarón o el caso Piscinas de Málaga.

¡Qué manera de entender la justicia!