¿Podemos prescindir de la energía nuclear?

La energía es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad y la economía y uno de los factores críticos de la sostenibilidad y la competitividad. Hay demasiadas apuestas sobre este recurso como para desconsiderar todas y cada una de las opciones que tengamos a nuestro alcance para un uso eficiente y seguro del mismo, desde su generación o aprovisionamiento hasta el uso final en hogares, vehículos, ciudades y otros territorios, Administraciones públicas y establecimientos productivos. El valor de estas apuestas y, por lo tanto, el coste de perderlas, es tanto mayor cuanto más concentradas estén en fuentes energéticas sensibles. La diversificación energética limita los costes y maximiza los beneficios.

El caso japonés obliga a situar las cuestiones de seguridad de las centrales por encima de todo lo demás

En principio, esto es lo que se busca en nuestro país con la definición de un mix energético que combine, según lo permitan las tecnologías existentes y las diferentes consideraciones estratégicas, las diversas fuentes al alcance de la mano, complementado con políticas de ahorro y uso eficiente de la energía. En este mix han venido adquiriendo un papel muy relevante las energías renovables, no sin intensos debates acerca de lo indicado de los incentivos que han recibido, pero que han permitido a la industria española posicionarse muy favorablemente de cara a un futuro de mayor exigencia medioambiental que no ha hecho sino empezar. Claramente, en cualquier caso, se han ampliado las opciones energéticas.

Al mismo tiempo, la energía nuclear, en España y en muchos otros países, ha sido puesta en cuarentena durante décadas. Ello no ha impedido a la industria realizar un impresionante despliegue tecnológico del que han participado también las empresas españolas, conjurando el riesgo de una pérdida severa de know-how en tecnología, ingeniería y servicios gracias al mantenimiento de la operación doméstica y a la actividad internacional, estimulada, esta actividad, por países tanto emergentes como avanzados escasamente dotados de fuentes energéticas propias.

¿En qué medida, los terribles acontecimientos de Japón deben modificar el debate sobre la participación de la energía nuclear en el conjunto de opciones energéticas a nuestro alcance? Sin duda alguna, el debate debe hacerse lo más realista posible y admitir los nuevos elementos sin dejar de considerar los restantes. El elemento nuevo es, en realidad, el viejo elemento de la seguridad de las plantas nucleares. El caso japonés obliga a destacar las consideraciones de seguridad por enci

-ma de todas las demás, lo que implica también las decisiones adecuadas respecto al emplazamiento de las instalaciones nucleares.

El actual contexto energético, por sí solo, con el permanente recordatorio de que el precio del petróleo espera siempre su oportunidad para romper barreras o con el replanteamiento de las subvenciones a las renovables, exige, en nuestra opinión, una reconsideración de los elementos del mix energético. Por si esto no bastase, el escenario económico aporta numerosos argumentospara dicha reconsideración. Desde la necesidad de asegurar la competitividad de las actividades productivas, mediante la energía más barata y eficiente posible, hasta la de reducir el déficit crónico por cuenta corriente, para mejorar la financiación de nuestra economía.

No podremos decir que tenemos bien definido el mix energético, mientras no hayamos sopesado serenamente todas las opciones posibles en el nuevo contexto global y doméstico. Se impone, pues, un ejercicio de realismo que determine si las razones que motivaron las decisiones energéticas del pasado siguen siendo hoy válidas. O si siguen siendo vigentes las posiciones que en su momento apoyaron dichas razones. Posiciones que van desde la opinión experta hasta la opinión pública, unas y otras más o menos organizadas y cambiantes.

Como comentábamos, además del cambio de escenario, el progreso que ha hecho la tecnología nuclear ha sido formidable, en materia de seguridad especialmente. Por lo que las centrales existentes están en perfectas condiciones de cumplir sus máximos de vida útil en condiciones mejoradas de seguridad, ya que regularmente incorporan los avances producidos.

Hoy, nuestro parque nuclear no muestra síntomas de agotamiento técnico, y buena prueba de ello es que en 2010 registró una utilización media del 92%, nivel que compara muy favorablemente con otros referentes internacionales. El aumento de la producción nuclear en un 17% en ese año ha contribuido, junto con el buen año hidráulico y la aportación de las energías renovables, a que más del 55% de la producción eléctrica del año pasado procediese de fuentes sin emisión de CO2. Y del total de la energía eléctrica sin efecto invernadero (hidráulica, eólica y solar), la energía nuclear representó más de un 35%. Las centrales nucleares existentes son, por tanto, un elemento fundamental de la apuesta de nuestro país por cumplir en algún momento con los compromisos medioambientales de emisiones de CO2.

En la actualidad, la generación eléctrica de origen nuclear evita la emisión de una cantidad de CO2 equivalente a las emisiones que realiza la mitad del parque automovilístico español, lo que supone un ahorro anual de 1.000 millones de euros en derechos de emisión, de los que 57 millones corresponden a Garoña.

También en el ámbito medioambiental, la extensión de la vida de las centrales nucleares no solo no provoca ningún problema al que no tengamos ya que enfrentarnos (gestión de los residuos y el coste el desmantelamiento de las centrales), sino que abarata su coste medioambiental relativo y mejora su rendimiento, al repartir el esfuerzo de gestión entre una mayor producción.

La energía nuclear, y la central de Garoña en lo que le corresponde, contribuyen de manera relevante a abaratar el precio del mercado eléctrico, con el consiguiente efecto de contención en la subida de las tarifas eléctricas. Conviene recordar que las centrales nucleares, por la imposibilidad técnica de conectar y desconectar su funcionamiento, ofertan su energía a precio cero, es decir, son instalaciones aceptantes de cualquier precio de corte entre oferta y demanda. Todavía reciente la última subida de la tarifa eléctrica, no hace falta recordar la ventaja económica y el valor para la competitividad de nuestro tejido industrial de cualquier instalación con un coste de producción inferior a la media del sistema. En un escenario nada improbable de encarecimiento sostenido de los combustibles fósiles, las instalaciones nucleares representan al menos una cobertura parcial de dicho riesgo. Teniendo en cuenta que el sistema eléctrico arrastra con el déficit de tarifa un grave desequilibrio entre lo que se nos factura a los usuarios y el coste de prestación del servicio, cualquier medida que, sin efectos secundarios relevantes, suponga un menor coste de producción debe ser tenida en consideración.

En este contexto, debe plantearse también la continuidad de las centrales nucleares españolas, incluida la central de Garoña, y mucho más allá de la conveniencia, un tanto espuria, del intercambio de cartas en la negociación social sobre las pensiones en la que ha emergido inesperadamente esta cuestión. Aunque quienes ven también en este ámbito la implicación para el empleo, de todas formas, tienen razón. Por su localización, muchas centrales nucleares españolas desempeñan un papel articulador de las economías de sus zonas de influencia y más allá. En algunos casos son la mayor empresa de sus comarcas, provincias o regiones, incluso, y poseen importantes derivadas industriales, tecnológicas y de servicios.

Esto es así también en el caso de Garoña, cuyo cierre anticipado llevaría a la pérdida de 343 empleos directos de alta cualificación y productividad (475.000 euros por empleado) y de otros 1.189 empleos indirectos repartidos por muy diversos sectores de actividad y localizaciones circundantes a la central. Las consecuencias de la disminución del valor añadido en la zona y en el resto de España (unos 229 millones de euros al año) se traducirían también, entre otros efectos, en una pérdida de recaudación fiscal de 80 millones de euros al año. En las actuales condiciones presupuestarias, que se mantendrán durante los próximos años, no es aconsejable renunciar a semejantes ingresos para nuestras Administraciones tributarias, incluida la Seguridad Social. Al mismo tiempo, estas condiciones presupuestarias cercenadas por la crisis económica han hecho prácticamente inviable el plan alternativo para compensar los efectos socioeconómicos adversos que el cierre de la central tendría sobre la zona de influencia, el denominado "Plan Garoña".

Arturo Rojas y José A. Herce son socios de Analistas Financieros Internacionales (Afi).