Exculpados cinco acusados en la trama de las facturas Terra Mítica
El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia acordó ayer levantar provisionalmente las imputaciones a cinco de los imputados en el caso de las facturas falsas del parque temático Terra Mítica de Benidorm. El magistrado, tras ratificar el perito de la Agencia Tributaria su informe hace escasos días, ha considerado que Luis Esteban, Miguel Navarro, Justo Valverde, Antonio Rincón y Miguel Ángel Izquierdo, todos ellos responsables de distintas áreas en el complejo lúdico deben quedar apartados de la causa.
El juez considera que en el hecho de que en 2000 Terra Mítica se repercutiera el IVA de casi 200.000 euros "no existe ningún indicio de que esta cantidad fuese satisfecha por este concepto a terceras personas que debieron haber ingresado a Hacienda". El magistrado reconoce que "es posible que las obras no se hubiesen realizado". Y, en ese caso, Terra Mítica "sólo podría ocupar la situación de perjudicada". La decisión del magistrado admite recurso.
La instrucción de este sumario se inició a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria en 2005 y trata de desenmarañar la trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias [se decía que se vendía un número de palmeras y en realidad se vendía la quinta parte, por ejemplo] que defraudó a Hacienda más de 4,4 millones de euros entre los años 2000 y 2001.
Firmas inactivas
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia imputó en noviembre a otras 11 personas. Y a principios de enero el perito designado por el juez presentó (tres años después de que lo solicitara la fiscalía) un exhaustivo informe en el que se acreditaba el funcionamiento, perfectamente organizado en escalones, de la trama de 19 empresas que la integraban, incluida Terra Mítica, que es la que finalmente pagaba por servicios inexistentes o hinchados de precio.
El informe del perito destaca el caso de las empresas Gribal y Traux, que facturaron 4,7 millones de euros por trabajos en Terra Mítica en 2000 y 2001 a pesar de que todo indica que estaban inactivas. En la época en que supuestamente se cometieron los delitos, la Generalitat tenía una participación del 15% y una influencia superior en el parque. El Consell alquiló el parque el pasado verano a un grupo privado de Benidorm.
