Sin dependencia entre rejas

Federico está en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, adonde le ha mandado un juez de Málaga durante dos años por agredir a su madre y a una cuidadora. No es la primera vez, ni mucho menos, y puede que tampoco sea la última.

Era un niño "muy bueno", conbrillantes calificaciones escolares, pero las cosas se torcieron cumplidos los 12 años. La madre visitó médicos, ensayó terapias, buscó centros especializados y el apoyo de asociaciones de discapacidad mental. "Los diagnósticos eran imprecisos, y luego sus delirios se mezclaron con las drogas, era ya imposible vivir con él. Si se levantaba cabreado me tiraba el tazón del desayuno, o rompía un cristal, no estaba en sus cabales", dice la madre, María, que, igual que para su hijo, solo quiere que figuren en este reportaje nombres ficticios. Es por miedo.

Como última salida, María solicitó en 2008 una ayuda de la Ley de Dependencia. Quería que el muchacho, que ahora tiene 24 años, tuviera una plaza en un centro especializado. Se lo denegaron. "Yo aporté certificados médicos, porque él no quiso que lo valoraran, ese día se largó de casa. De todas formas, aquel cuestionario no parecía para enfermos mentales. Preguntaban si se podía lavar y si sabía comer. Pues claro, pero cuando le da la gana".

María lo ha denunciado muchas veces, cuando la cosa se ponía fea, y acudía la Guardia Civil o la policía. El último episodio de violencia lo ha llevado al psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Agredió con dureza a una monitora de la asociación que trabajaba con él y también a María, cuando trató de intervenir.

La madre ha pedido que se revise su expediente de dependencia, pero la delegación malagueña de Bienestar Social le ha contestado que no pueden hacer nada puesto que el interesado está encarcelado en Sevilla. "Al no encontrarse residiendo en su domicilio no es posible realizar la valoración". Lo argumentan con un decreto de 2007 y le instan a que lo intente de nuevo cuando el chico vuelva a su casa. Ese decreto, sin embargo, recoge la posibilidad de que se valore al usuario, "de forma excepcional", "en unas instalaciones diferentes del domicilio de la persona solicitante".

"Cuando vuelva a su domicilio, dicen. Si él no puede venir a casa, ya he sufrido muchas agresiones", repite la madre. María quiere que su hijo salga del centro penitenciario con una plaza concedida en un centro especializado.

Cuando este periódico ha consultado el caso a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, la respuesta es distinta de la que dio la delegación en Málaga. "Bastará con presentar un informe del centro penitenciario argumentando la excepcionalidad" del caso y "no habrá ningún problema" en valorarlo, dicen.

Desde el Gobierno aseguran que no hay "ninguna norma que diga que la valoración de un dependiente ha de hacerse exclusivamente en su domicilio. También puede hacerse en la cárcel".

Algo que, según María, será fácil: "He hablado con los psicólogos de la cárcel y dicen que están dispuestos proporcionarán los informes que hagan falta. Creen que mi hijo necesita estar en una comunidad terapéutica".