Las haciendas alegan "indefensión" para no recuperar las ayudas ilegales

Las Diputaciones y el Gobierno vasco encontraron ayer el auxilio de la Abogacía del Estado durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, por el caso de las vacaciones fiscales, las ayudas a las que se acogieron en los noventa numerosas empresas en Euskadi y que fueron declaradas ilegales en primera instancia en septiembre de 2009. Las instituciones vascas y la representante legal del Estado coincidieron en muchos de los argumentos que utilizaron en su defensa. Se aferraron a posibles errores de Derecho y alegaron "indefensión" por una dilación indebida por parte de la Comisión Europea (CE) durante el procedimiento.

La estrategia conjunta que mostraron los letrados ante la Corte comunitaria se produce cuando la CE ya ha pedido a sus servicios jurídicos que presenten una demanda para imponer una sanción millonaria (unos 40 millones de euros) al Reino de España por hace caso omiso a las reiteradas reclamaciones del Ejecutivo europeo a las Diputaciones para exigir a las empresas la devolución de las ayudas.

La CE dice que su "silencio" no convalida las medidas fiscales

Iruarrizaga: "Las ayudas a empresas no deberían ser recuperadas"

El fallo de la máxima autoridad judicial europea, que podría conocerse antes del próximo verano, será determinante para zanjar un litigio que las instituciones forales mantienen con Bruselas durante casi dos décadas. La abogada del Estado, que actúa por primera vez en este proceso, trató de amparar la actuación de las instituciones con el argumento de que en España existían otras regiones, como Navarra, donde se habían arbitrado medidas fiscales similares a las vascas, por lo que se podría dar un "trato discriminatorio" por parte Bruselas.

La delegación vasca basó su defensa en la tardanza de la CE para pronunciarse sobre la adecuación de los incentivos al Derecho comunitario. "Una duración de más de seis años [desde que la CE recibió la primera denuncia en 1994 hasta que decidió que las ayudas eran ilegales] hace suponer razonablemente que las medidas no suponían objeción", explicó en su intervención el abogado de las Diputaciones. Al respecto, el diputado de Hacienda vizcaíno, José María Iruarrizaga, afirmó al término de la vista que "ahí existe una indefensión y por ello estas ayudas no deberían ser recuperadas".

Los representantes de la CE expusieron que su "silencio" no puede entenderse como una confirmación de la legalidad de los beneficios fiscales. También destacaron ante el tribunal la falta de colaboración de las Diputaciones a la hora de aportar pruebas claras sobre el supuesto respaldo comunitario a los regímenes fiscales que estaban siendo vigilados.

Las Diputaciones dejaron constancia de que en varias reuniones la CE dio a entender que las medidas fiscales no eran de su incumbencia y protestaron porque el Tribunal de Primera Instancia europeo no aceptase las pruebas documentales que acreditaban esta afirmación.

El titular del fisco alavés, José Luis Cimiano, indicó que la actuación de las instituciones y de las empresas se ha guiado por la "confianza legítima", esto es, la creencia de que la normativa fiscal "era plenamente vigente" y era "exactamente la misma que tenían en el Estado y en Navarra". Cimiano aseguró que en Álava se han recuperado 87 millones de 61 empresas. "Lo que desconocemos es cuál es la cifra que entiende la CE que debería devolverse", añadió.

Desde la distancia, Pello González, diputado de Hacienda en Guipúzcoa, destacó la "buena impresión" que le trasladó la delegación vasca desplazada hasta Luxemburgo, y sugirió que podrían existir "impulsos políticos que mueven a activar o desactivar" el expediente de las vacaciones fiscales. Guipúzcoa ha recuperado alrededor de 58 millones de las empresas beneficiadas.