Hallada gasolina en la casa del acusado de atentar contra el PSdeG

La policía intenta acumular pruebas suficientes para que a los dos sindicalistas detenidos el miércoles en Vigo por su presunta implicación en ataques con cócteles molotov a distintas sedes de partidos, sindicatos y oficinas del INEM se les aplique la Ley Antiterrorista y la Audiencia Nacional asuma su caso, que la Central Unitaria de Traballores (CUT) insiste en atribuir a una única motivación de persecución sindical. Al menos en el domicilio de uno de ellos, el del exgrapo Telmo Varela Fernández, la policía intervino varias botellas de gasolina depositadas en el trastero. Los dos inculpados permanecieron ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra, donde fueron interrogados.

Telmo Varela se negó a responder al interrogatorio policial, que precedió al de José María Prado López. Ambos no serán puestos a disposición judicial probablemente hasta cumplir el máximo legal de 72 horas, que se cumplirán mañana. El Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo mantiene el secreto de las actuaciones.

La policía identifica a los dos detenidos como miembros de un sector sindical -en el que incluye también a afiliados de la CIG- cuyas acciones violentas, patentes en la última huelga del metal en Vigo, coinciden puntualmente con las que promueven grupos independentistas como Resistencia Galega, y que en su conjunto componen una suerte de kale borroka gallega a la que desea poner coto aplicando a los implicados la Ley Antiterrorista antes de que sus acciones cobren mayor dimensión. De momento, sus efectos no han ido más allá que los daños materiales causados por sus ataques a las sedes de partidos -singularmente del PSdeG-, de oficinas del INEM y de algunos domicilios particulares. La policía, con todo, reconoce que la dispersión y el grado de autonomía de las distintas células o comandos dificulta su identificación y neutralización.

La Central Unitaria de Traballadores (CUT) insistió ayer en que la incriminación de Telmo Varela, exgrapo que renunció públicamente a la violencia hace 20 años, es un subterfugio dirigido a desacreditar su entrega a la lucha sindical en la actual crisis.