La Junta también regulariza 11.800 viviendas ilegales en Almanzora

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha concluido, después de tres años, el censo de edificaciones en terreno no urbanizable en el Valle del Almanzora (Almería), una comarca con una treintena de municipios en los que se han concedido durante décadas licencias de construcción de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los márgenes de las leyes urbanísticas y de protección del patrimonio.

Según el censo, 12.697 edificaciones -viviendas, en su mayoría- pisan suelo no urbanizable, cifra que duplica las previsiones iniciales de la Junta que, sin embargo, ha optado por dar cobertura legal a la mayoría de estas casas. La Administración tiene previsto solicitar por la vía judicial el derribo de 920 inmuebles (534 construidos en suelo especialmente protegido y otros 386 en proceso de construcción o con menos de cuatro años). Actualmente, la Junta tiene impugnadas 83 licencias municipales en la comarca.

"No se legaliza, pero se reconoce su existencia", sostiene Cruz

El resto de las viviendas que no serán derribadas -11.777- permanecerá en un limbo legal que se creará en el marco del nuevo decreto que regulará las viviendas fuera de ordenación englobándose en categorías tales como "asimilado fuera de ordenación" o "hábitat rural diseminado".

No obstante, algunas de las casas pasarán a formar parte del catálogo de viviendas en suelo urbanizable -lo que dependerá de numerosos factores aún en estudio- y que les abrirá la posibilidad de dotarse de las infraestructuras básicas (agua, luz y saneamiento) a cuenta del propietario.

"No se legaliza, pero se reconoce su existencia", subrayó ayer la consejera, Josefina Cruz, quien mantuvo un encuentro con los alcaldes de los 10 municipios con mayor volumen de viviendas ilegales en relación con su población (Albanchez, Arboleas, Zurgena, Oria, Partaloa, Lubrín, Líjar, Fines, Cantoria y Albox). A todos ellos se les entregó un inventario que deberán adaptar a sus planes de ordenación actualmente en curso y en el que se dibujan las viviendas transformadas a legales y las que tendrán que ser derribadas.

En los próximos años se prevé una gran actividad en los juzgados que deberán atender miles de recursos de familias a las que se les derribará su vivienda pese a contar con la preceptiva licencia municipal, como les ocurrió a los ingleses Prior, de Vera, hace tres años. El panorama judicial, que puede llegar a ser eterno, lo simplificó la consejera: "La Junta aportará sus argumentos, el alcalde los suyos, el vecino los que corresponda y ya dictaminarán los tribunales". Así, hasta en 920 casos solo en el Almanzora.