La juez implica a una diputada del PP en un caso de falsos empadronamientos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que resolver si el anterior alcalde de Lanjarón (Granada), José Rubio (PP), dos de sus entonces miembros del equipo de gobierno y la secretaria local del PP inflaron en 2007 el censo electoral. La juez de Órgiva que investiga el caso cree, tras tener prácticamente completada la instrucción, que hay "indicios" de delito de falsedad electoral, pero como una de las ediles imputadas, María del Carmen Reyes, es hoy parlamentaria andaluza, ha remitido las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

La investigación se centra en un presunto caso de empadronamiento irregular. Los hechos, según las diligencias practicadas, se remontan a finales de enero de 2007, antes de la celebración de las últimas elecciones municipales. El entonces alcalde popular José Rubio; la primera teniente de alcalde, María del Carmen Reyes, y la que era concejal de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo -hoy los tres son ediles en la oposición- participaron supuestamente en el empadronamiento de unas 100 personas con "el fin de incluirlas en el censo electoral para su participación en las elecciones municipales de 2007". También está imputada la que era secretaria local del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez.

Se han ejecutado modificaciones de las obras antes de ser autorizadas

De la investigación realizada se deduce que "muchos de los empadronamientos no se correspondían con la realidad" y los nuevos empadronados no residían efectivamente en Lanjarón, un municipio de la Alpujarra granadina que cuenta con unos 3.800 habitantes. Los hechos los denunció en su día el PSOE y afectaban a familiares y amigos del alcalde y las concejalas. Algunos de ellos llegaron a "fijar su residencia en el propio domicilio de los imputados", según consta en la exposición razonada de la juez de Instrucción 2 de Órgiva.

Además de fijar a finales de enero la residencia en esas casas, entre ellas una propiedad del alcalde y otra de la parlamentaria, según la información que trascendió en 2007, "muchos de los nuevos empadronados se dieron de baja en el padrón una vez celebrados los comicios", añade la juez. El Instituto Nacional de Estadística pidió al Ayuntamiento que certificara esos empadronamientos, que según los socialistas tenían la pretensión de alterar el resultado de las elecciones de "manera torticera". El PSOE denunció a los populares que fueron imputados en 2007, aunque la investigación se ha prolongado en el tiempo entre otros motivos por el cambio de juez.

El supuesto abultamiento del censo podría "ser suficiente" para alterar el resultado electoral, según los denunciantes. Lo cierto es que la victoria fue ajustada: 1.221 votos del PSOE por los 1.150 del PP. En la actualidad gobiernan los socialistas con seis concejales por los cinco del PP, entre los que se encuentran el ex regidor y las dos ediles imputadas. Tras la denuncia y cuando aún era alcalde, Blanco llegó a presumir públicamente de "no tener la culpa de tener tantos amigos". La entonces teniente de alcalde y concejal de Educación, Cultura, Turismo y Juventud negó en sede judicial haber empadronado a nadie y aclaró que quien se dio de alta en el censo lo hizo "libremente". La denuncia se basó, según dijo, en la actitud de un funcionario "hostil" al PP y al "gobierno de entonces".