Lanbide ultima un nuevo plan para contratar a varios miles de desempleados

El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, está a punto de aprobar las nuevas condiciones y la financiación para continuar con el plan especial de ayudas a la contratación que el pasado año logró emplear a 5.700 personas en los ayuntamientos vascos y que en la nueva edición podría llegar a colocar a más de 3.000.

El nuevo organismo que gestionará los recursos del empleo y de los servicios sociales a partir de ahora, -tras recibir la comunidad autónoma la transferencia de las politicas activas-, celebrará el próximo jueves su segundo consejo de administración decisorio.

Si sus miembros, es decir, la patronal Confebask, los sindicatos CC OO y UGT y el Gobierno, aprobaron en su primera cita una serie de medidas de fomento del empleo para determinados colectivos por valor de 70 millones, en la reunión del jueves cerrarán, posiblemente el presupuesto, las nuevas condiciones para acogerse al plan y por lo tanto el número de parados que podrán ser colocados.

Aunque ni los sindicatos ni el Gobierno quieren precisar cantidades, unos y otros barajan que el presupuesto del nuevo plan podría rondar los 40 millones de euros, frente a los 63 que inyectó el Gobierno en el anterior plan especial, con los que llegar a colocar a más de 3.000 desempleados.

Menos recursos

Lanbide tampoco descarta solicitar una ayuda extra al Ejecutivo para completar el plan, sobre todo porque el presupuesto de Lanbide, aunque amplio, -dispone de 215 millones para políticas de empleo-

es limitado.

La pasada semana fueron asignados los primeros 70 millones para planes de empleo de colectivos especiales, pero queda todo el capítulo de la formación continua, además de la ocupacional y la financiación del que van a presentar el próximo jueves.

Sindicatos, Gobierno y patronal están ahora corrigiendo algunos de los aspectos de la convocatoria que dieron más problemas y resultaron menos efectivos como la adecuación de los niveles salariales para pegarlos a los convenios, y posiblemente rebajar el porcentaje de contratos que tienen que ser ocupados por personas que cobran de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).