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El dinero discrecional y sin control en Empleo

El fondo de empresas en crisis incluyó Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones - La Junta no inspeccionó el uso de las ayudas directas durante diez años

Un auténtico cajón de sastre repleto de abonos justificados mezclados con sorprendentes cifras, ceros de sobra y sospechosos pagos. "Facturas diversas: 113.309 euros. Facturas varias: 180.000 euros". La contabilidad del fondo destinado a empresas en crisis de la Junta desvela cómo este se convirtió entre 2000 y 2010 en un recurso no solo para ayudar a empresas en dificultades o que afrontaban expedientes de regulación de empleo (ERE), sino también para contentar, de manera discrecional y directa, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones. Se calcula que el 10% de este fondo, dotado con 647 millones en una década, fue para ayudas directas.

El destino de estas subvenciones directas, y la libertad con la que la Consejería de Empleo interpretó el uso de los fondos, ha sido el mayor dolor de cabeza de la Junta en estas convulsas semanas. Y la mejor munición política del PP contra un Ejecutivo que se ha topado con el escándalo de los ERE, donde se augura que aparecerán nuevos intrusos que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas.

Una empresa saldó una deuda de 64.000 euros con ropa flamenca

"La situación no era irregular. Sí escasita de procedimiento", dice un ex alto cargo

La Asociación contra el Acoso Moral en el Trabajo recibió desde la Consejería de Empleo 24.000 euros en 2003. La asociación de empresas discográficas de Andalucía, 30.050 euros en 2004. Y la asociación María Coraje, 66.000 euros entre 2003 y 2004. Esta última está dirigida por Carmen Fernández, militante socialista y esposa de José Marín, ex secretario del Distrito Macarena de Sevilla en prisión por malversación de fondos públicos y falsedad documental en el caso de las facturas falsas.

Al margen de las prejubilaciones, Empleo también concedió ayudas públicas procedentes de este fondo a 13 Ayuntamientos: una decena de municipios de la provincia de Sevilla, dos de Cádiz y uno de Jaén que financiaron desde una escuela ecuestre hasta ferias de artesanía.

"Mejorar la gestión, el desarrollo tecnológico y la comercialización de las empresas andaluzas", era el objetivo del convenio firmado en 2001 por José Antonio Viera, entonces consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE sevillano, y Antonio Fernández, en ese momento presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y sucesor de Viera en la consejería. El acuerdo abrió la puerta para agilizar el rescate de grandes empresas en crisis acuciantes, como Delphi y Santana Motor, y sin la eterna burocracia. Pero también planteó un escenario con decisiones discrecionales y sospechosas de amiguismo, y que desdibujó los controles a posteriori. Por ello a partir de 2005 la Intervención General de Economía envió tres informes cuestionando el proceso, pero estos cayeron en saco roto porque no eran vinculantes.

"La situación no era irregular, pero sí escasita de procedimiento", reconoce sobre la falta de estudios de viabilidad y controles un ex alto cargo de Empleo, que pide el anonimato. "La empresa era la responsable de seguir los dictados de las ayudas directas. ¡No podíamos tener un ejército de inspectores revisándolo todo!", se excusa.

Un caso curioso lo protagonizó la empresa Gitanos de Jerez, cuyo préstamo de 64.596 euros con la agencia IDEA (antes IFA y pagadora de las ayudas) fue condonado a cambio de la cesión de los trajes flamencos, carteles y fotografías recopiladas tras 15 años de giras al Centro Andaluz de Flamenco. "Lo negociamos a través de Cultura y con IDEA. Queríamos cerrar el fleco económico con la Junta y que nuestro material fuera de dominio público", explica su gerente, Luis Pérez.

Mientras que la Universidad de Sevilla cobró 30.000 euros por un curso de riesgos laborales, la Fundación San Telmo organizó entre 2004 y 2009 cursos de alta dirección para directivos a cambio de 380.000 euros.

Empleo también concedió ocho millones a un grupo de sociedades vinculado al empresario y exedil socialista José Enrique Rosendo. El padre del empresario, Rafael Rosendo, fue alcalde de El Pedroso (Sevilla) y es uno de los intrusos identificados en el ERE en Cydeplast, sociedad en la que nunca trabajó.

Las peticiones de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla fueron muy bien recibidas en el despacho del ex director general Javier Guerrero, que fue a su vez alcalde de El Pedroso. Así, cuatro empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 años, percibieron 7,8 millones. Otro ejemplo de menor entidad, pero igualmente llamativo, es una gasolinera de Cazalla, que recibió 60.000 euros. Más tarde, la Junta transfirió 300.000 euros para pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió el exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel.

En un listado con más de 250 empresas beneficiadas a lo largo de una década mediante ERE subvencionados y ayudas directas, la casuística es muy diversa. Ante la falta de control del dinero entregado, hubo empresarios que invirtieron sus subvenciones de manera reglada en maquinaria y contrataciones, otros que destinaron solo una parte de los fondos a inversión empresarial, y otros que cerraron su compañía al poco tiempo de recibir una ayuda millonaria. Una vez que la juez reciba la documentación con los abonos, es previsible que cada empresario deba demostrar los pagos realizados gracias a las ayudas.

Ayudas diversas

- Durante diez años más de 250 empresas, asociaciones, Ayuntamientos y fundaciones recibieron ayudas del fondo de Empleo. Estos son algunos de los casos.

- La Junta concedió ocho millones a un grupo de sociedades vinculado al empresario y exconcejal socialista José Enrique Rosendo. Su padre, Rafael Rosendo, fue alcalde de El Pedroso (Sevilla) y es un intruso en el ERE en Cydeplast, donde no trabajó.

- Diez municipios de Sevilla, dos de Cádiz y uno de Jaén recibieron ayudas del fondo.

- Cuatro empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta, percibieron 7,8 millones de euros.

- La Junta abonó 300.000 euros para pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió el ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel.

- La Asociación contra el Acoso Moral en el Trabajo recibió 24.000 euros; la asociación María Coraje, 66.000 euros entre 2003 y 2004; y una gasolinera de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 60.000 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de febrero de 2011

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