Chaves califica a Arenas como un "profesional de la mentira"

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, acusó ayer al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, de ser un "profesional de la mentira y de la difamación". El también expresidente de la Junta estimó sorprendente que este insinúe una "financiación ilegal" del PSOE en relación con los fondos de ayudas al empleo, sin "ningún tipo de fundamento ni de pruebas".

Según Chaves, Arenas "difama demasiado y es de los políticos españoles y andaluces que suelen tirar con mucha frecuencia la piedra y después esconden la mano". Y le resulta "penoso" que quien quiere ser presidente de la Junta se haya convertido "en un profesional de la mentira y de la difamación".

El socialista dijo que es Arenas quien debería explicar por qué se celebraron actos del PP "con fondos pertenecientes a la trama Gürtel" para que "determinados dirigentes populares pudieran ser presidentes de comunidades autónomas".

El expresidente fijo también que "siempre" va a defender las políticas públicas realizadas durante su mandato, aunque reconoció que "es posible" que se hayan podido cometer "irregularidades", y que para confirmarlo "está la Justicia". Además, ha rechazado la estrategia del PP de abrir una "causa general" sobre las ayudas de la Junta de Andalucía a empresas y trabajadores, lo que ha calificado de "disparate".

"Repugnancia"

José Antonio Griñán, presidente de la Junta, afirmó por su parte que hacer insinuaciones como las de Arenas es una forma de hacer política que le "repugna". Asimismo, agregó que, cuando la Junta se encuentre ante cualquier circunstancia que no corresponda a la legalidad o sea anómala, "dará cuenta al juzgado", y aseguró que el Gobierno andaluz, "mantiene la investigación abierta a todos los supuestos de ayuda a empleo".

La portavoz regional del PP, Rosario Soto, replicó que lo que "repugna" a su partido es el "oscurantismo, la soberbia y la forma de gestionar las políticas de empleo" de Griñán, "cuando hay más de 1.100.000 parados en Andalucía y más de 300.000 familias sin recibir ningún tipo de ingresos".

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió ayer la imparcialidad de la Fiscalía en la investigación del caso Mercasevilla, y recordó que el asunto empezó precisamente con la investigación de un fiscal que ha dado lugar a cinco procedimientos judiciales que se están tramitando actualmente, lo que prueba una actuación "implacable en cualquier tipo de corrupción".