Los abogados de Álava tildan de "temeraria" la demanda de 31 millones por la AP-1

La Diputación Foral de Álava y la UTE Luko, concesionaria de 8,3 kilómetros de la autopista AP-1, en la parte alavesa de la Eibar Vitoria, mantuvieron ayer en el turno de conclusiones la dura pugna iniciada el pasado lunes en sede judicial. Los informes de los letrados, cuarenta minutos cada uno, confirmaron las estrategias de cada una de las partes, al esgrimir con cierta crudeza posiciones casi antagónicas. De hecho, los abogados de la institución pública tildaron de "temeraria" la petición de 31 millones de sobrecoste en un tramo por el que ya habían cobrado 68,8 millones. La Diputación ofreció cuatro más con la liquidación que no aceptaron, y solicitaron judicialmente los 31 millones.

Los abogados de la UTE califican el proyecto de "caótico incompleto y malo"

El abogado de la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Dragados y Yarritu justificaron su demanda porque el proyecto de construcción de la autopista era "caótico, incompleto y malo", lo que obligó a la creación de más del 50% de nuevas unidades constructivas, y más de 1.600 nuevos planos.

En esa falta de precisión basaron los desajustes que se produjeron tanto en el tiempo como en el presupuesto. De los 31 millones, 15 corresponderían a la liquidación pendiente de la obra, otros 11 por revisión de precios y en torno a cinco por intereses. Uno de los capítulos que más llamaron la atención fue el del cambio de herramienta para perforar el túnel de Arlabán por la parte alavesa. De una rozadora, un gigantesco taladro, pasaron a hacerlo a martillo, debido a que Iberdrola no ofreció la potencia solicitada por la UTE. ¿De quién es la responsabilidad del sobrecoste? La obra se acabó en agosto de 2008, casi un año después de lo previsto. La abogada de la Diputación Alavesa intentó rebatir los argumentos de la acusación.

Tras calificar de "temeraria la petición de la UTE" explicó que ninguna de las modificaciones a las que se vio sometida la obra, supusieron cambios sustanciales ni en el tiempo ni en el pecio de la obra. De hecho, si hasta entonces la defensa había sostenido que los retrasos en la obra eran premeditados para justificar el sobrecoste, en el momento final de sus conclusiones aseguró que el cambio de herramienta para perforar la entrada del túnel se debía a una estrategia para ahorrarse el coste de los generadores de energía.

Frente a la acusación de la demandante de que a la Diputación le interesaba retrasar las obras porque no tenía dinero para acometer en un principio los pagos, los letrados de la institución pública presentaron los registros con los fondos propios de la sociedad Vías, que ascendían a quince millones el primer año y a 35 el segundo.

El perito de la UTE, en un momento de las tres horas que estuvo desarrollando su trabajo también hizo referencia a la falta de financiación de la Diputación. Preguntado por dónde lo había escuchado reconoció: "En radio Macuto".